El recorrido penal de la llamada 'Operación Valcites', tras la intervención de la mayor colección de animales disecados desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil, podría ser muy breve. Los 1.090 especímenes hallados en una nave de 50.000 metros cuadrados de la localidad valenciana de Bétera, valorados en 29 millones de euros, son piezas cazadas hace décadas que pertenecían al empresario siderúrgico Francisco Ros Casares y que fueron adquiridas antes de la entrada en vigor en 2015 del artículo 334.1 del Código Penal que castiga la tenencia de especies protegidas.

Así, al no haber indicios de que se haya traficado con ninguna de las piezas de dicha colección de taxidermia, cuyos últimos ejemplares, concretamente tres colmillos de marfil, fueron adquiridos en 2013 -antes de que fuera considerado delito-, diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que la causa está abocada al archivo. Más aún teniendo en cuenta que se trata del reparto de la herencia del magnate valenciano y que, por lo tanto, en el hipotético caso de que fuera constitutivo de delito, el presunto autor de la posible infracción penal ya habría fallecido.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Llíria tiene abiertas diligencias previas por presuntos delitos contra la fauna y flora y contrabando a raíz de una denuncia de Seprona remitida a los juzgados por la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En la misma figura como investigado el hijo mayor del magnate del acero, quien se encontraba en la vivienda cuando se llevó a cabo el registro por parte de los agentes de la Guardia Civil. Estas mismas fuentes indicaron que el juzgado libró en su día los mandamientos de entrada y registro en las naves donde se almacenaban los animales disecados y que la causa, en una fase inicial, se encuentra a la espera de que la Guardia Civil haga el inventario de todos los ejemplares y el análisis de la documentación de cada uno. Entre los animales naturalizados había 405 de especies protegidas o en peligro de extinción como el addax o un tigre de bengala.

Según aseguran fuentes del entorno familiar del investigado, cuentan con "cajas y cajas de documentos", entre ellos centenares de certificados Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que acreditan la legalidad de las piezas, y que en su momento aportarán a la Fiscalía de Medio Ambiente.

"Quería hacer un museo para todos los valencianos"

"Mi abuelo no era cazador furtivo, no pasas un elefante por aduanas si no es legal", remarca indignada Escarlata, nieta del empresario Francisco Ros Casares -fallecido en 2014- e hija del único investigado hasta el momento por estos hechos. "Nunca hemos ocultado nada, todo el mundo sabía que existía esta colección y la intención era hacer un museo abierto al público para que todos los valencianos pudieran contemplar animales que de otra forma jamás podrían ver», argumenta la hija del empresario investigado.

Por la exposición han pasado notables personalidades políticas y mandos de la policía y de la Guardia Civil

De hecho, diversas fuentes, no solo la familia Ros Casares, aseveran a este periódico que por estas instalaciones han pasado altos cargos políticos e incluso mandos policiales y de la Guardia Civil, sin que en ningún momento se hiciera mención a la posible ilegalidad de tener estas piezas, cazadas en su mayoría en los años 60 y 70. Las cuales entraban por el puerto de València, tras pasar por aduanas con su respectiva documentación sobre su origen, fecha y lugar de la captura, cuando no estaba prohibida su caza, según sostienen estas mismas fuentes. 

El propio Francisco Ros Casares mostraba en televisión en 1998 una parte de su colección, orgulloso de ella sin ningún tapujo. Aunque desde entonces hasta hoy la sensibilidad con los animales ha evolucionado notablemente.

Pese a que la causa está abierta por los delitos contra la fauna y flora y contrabando, si no se acredita la documentación de las piezas, éstas serían requisadas aunque fueran anteriores a la ley que prohíbe su tenencia y los propietarios podrían enfrentarse a una sanción administrativa

En todo caso se trata de una colección que los dos hijos del magnate fallecido habrían recibido en herencia el pasado mes de octubre, 55% corresponde al mayor de los hermanos, que se trasladó a vivir a la finca de su padre, y un 45% al menor, que no figura investigado. Las piezas requieren de un mantenimiento continuo para que no se deterioren, por lo que temen que si la nave permanece precintada mucho tiempo y ningún taxidermista se hace cargo de los cuidados de los animales -algunos datan de los años 60- éstos se echen a perder con el perjuicio económico que ello supondría.