Las universidades tendrán nueva ley. Entrará en vigor, siendo optimistas, en el primer semestre de 2023. El primer borrador de la norma (bautizada como ley orgánica del sistema universitario, Losu) lo elaboró el equipo del exministro Manuel Castells y contó con el desacuerdo de los rectores, disconformes con que el texto especificara al detalle las normas para aspirar a ser rector o rectora. También los estudiantes mostraron su rechazo porque, en su opinión, no mejoraba nada a la actual ley (Lou, 2001). Cuando le concedieron la cartera de ministro, Joan Subirats quiso hacer suyo el texto legislativo. El titular de Universidades ha retirado artículos y ha añadido otros. ¿Se ha metido en el bolsillo a los rectores y a los estudiantes? No del todo.
El equipo de Castells proponía que miembros de fuera de la universidad acapararan el 30% del comité de selección a rector, cargo al que se accede por sufragio universal ponderado. Además, no pedían categoría previa para aspirar al cargo (ser catedrático) sino méritos: una experiencia de 18 años en investigación, 15 en docencia y 4 en gestión. Ante el enfado de la conferencia de rectores (Crue), Castells retiró lo primero pero mantuvo lo segundo. En un intento de seguir 'haciendo las paces' con los rectores, Subirats ha suprimido también lo segundo y ha propuesto que sean las propias universidades -instituciones autónomas- las que decidan los requisitos mínimos que han de tener los candidatos a ocupar el rectorado, cargo de seis años improrrogable y no renovable. La ley lo único que dice es que el candidato debe ser profesor funcionario.
A nivel oficial, la Crue -cuya cúpula se reunió el lunes con Subirats- no quiere comentar todavía el nuevo texto. Lo harán más adelante, cuando lo hayan analizado con detalle. El ministro mantendrá un encuentro este viernes en Barcelona con la asociación catalana de universidades públicas (Acup). De momento, y a título personal, Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona (UB), asegura que le parece chocante que un docente contratado no pueda ser rector. “De acuerdo que es un tema legal, pero sorprende”, comenta a EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. “También me causa perplejidad que el aspirante a rector tenga que ser funcionario o catedrático. Esto provocará situaciones chocantes. Por ejemplo, ¿un rector podrá incoar un expediente a un catedrático, que tiene categoría superior? Entiendo que hay elementos que forman parte de la lógica del legislador, pero un rector debería tener la máxima categoría. Esto es una evidencia absoluta”, asegura.
El máximo responsable de la UB explica que, en términos generales, la Losu encaja bien con las peticiones que los rectores realizaron al ministro: una ley orgánica de bases, general, que permite la convivencia de modelos universitarios diversos y que no supone una ruptura con la anterior. “No modifica el sistema de gobernanza actual”, explica el rector.
Sobre la microformación que a partir de ahora deberán impartir las facultades -cursos de entre 4 y 30 créditos a los que podrán acceder alumnos que sean poseedores de un título previo o bien personas que tengan experiencia profesional acreditada-, Guàrdia lo ve viable y fácil dado que las universidades ya están ofreciendo formaciones de corta duración, de dos o tres meses. “No es tan novedoso ni será nada disruptivo en nuestra cotidianidad”, afirma. “El mercado hace tiempo que pide esta formación flexible y las universidades ya hacen oferta de ello”, remarca.
Como rector de una universidad privada (Blanquerna-Ramon Llull), Josep Maria Gatell alaba que la Losu sea una ley "para todas las universidades, tanto las públicas como las privadas". Otro aspecto que habían reclamado y que la norma, efectivamente, recoge es que queda muy claro los aspectos que afectan a cada tipo de centro. "Los siete primeros capítulos se refieren a todo el sistema. El título octavo, muy extenso, es para las públicas, y el título noveno, más corto, para las privadas”. El rector de Blanquerna-URL está satisfecho con el hecho de que el texto sea más genérico que la anterior legislación y ofrezca más margen a las comunidades autónomas. Otro aspecto que valora enormemente es el relativo a derechos y deberes de los estudiantes. “Estamos contentos porque reconoce a todos, incluidos los de las privadas, algo que no contemplaba el proyecto anterior".
Grados de tres años
Respecto a las carreras de tres años -de las 3.880 titulaciones universitarias que hay ahora mismo en las facultades de toda España, solo 24 son de tres años (180 créditos)- el rector de Blanquerna-URL destaca que la ley "deja el tema abierto". El objetivo inicial del ministerio era, a través de un real decreto, acabar con esos grados para que solo existan los de cuatro años a excepción de si el grado de 180 créditos está enmarcado en estudios internacionales. "A nivel europeo, la duración de los grados es flexible y hay muchos países que tienen de tres años", explica Gatell, que confía en que el ministerio se muestre "más flexible" más adelante.
Gatell admite que un artículo "mejorable" de la norma es el que alude a la investigación. “Nos exige a las privadas que la llevemos a cabo, pero no se dice cómo nos lo van a facilitar, algo que sí se aclara para las públicas”, lamenta. Para terminar, el responsable universitario sí que aplaude que la Losu confirme la idea de que "a la universidad no se va solo una vez en la vida sino que puedes entrar y salir varias veces" gracias al reciclaje formativo.
Los estudiantes
Los estudiantes se sienten más desilusionados que los rectores con el borrador. Durante las reuniones con el ministro, pensaron que el nuevo texto sí que aumentaría claramente sus derechos de tal manera que su voz fuera mucho más tenida en cuenta en la gobernanza de los campus. Sin embargo, una vez leído el anteproyecto, consideran que los cambios introducidos son tímidos. “Es una ley hecha para los rectores”, critica Nico Hernández, presidente de la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas (Creup).
Estudiante de Ingeniería Química en Madrid, Hernández explica que el equipo de Subirats no les ha concedido su demanda para alcanzar un 35% en los órganos de gobierno de los campus. En el claustro y en los consejos de departamento, el porcentaje será del 25% mientras que en el consejo de gobierno (el órgano de mayor poder) será del 10%. “Somos el 90% de las universidades pero vamos a tener poco margen de maniobra. En el sufragio universal ponderado para elegir al rector no se especifica nuestro porcentaje y sí el del profesorado permanente (51%)”, destaca el representante de los estudiantes.
La futura legislación decreta como vinculante la presencia de los estudiantes en las comisiones de planes de estudio y guías docentes, pero sus opiniones no serán vinculantes. “Se nos vendió de otra manera”, comenta Hernández. Los estudiantes tendrán voz en las comisiones en las que se evalúe la docencia que imparten los profesores (los que consigan mejores evaluaciones podrán recibir incentivos económicos por su excelencia). Sin embargo, el representante de la Creup asegura que si los alumnos y alumnas están en minoría en esas comisiones será como tener voz pero no voto.
“La universidad tiene que cambiar, no está respondiendo a las necesidades de los alumnos. En muchos casos, la docencia está desactualizada y los profesores siguen en una torre de marfil. Nosotros queríamos ganar peso en la ley para transformar la facultad, pero no será posible”, concluye Hernández.
El anteproyecto sí que recoge una de las históricas reivindicaciones del estudiantado: el derecho al paro académico (técnicamente no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica que se realiza con normalidad pero que la mayoría de universidades no tenían recogida en sus estatutos.
