“Desde el punto de vista médico, un cólico nefrítico, una artritis o una dismenorrea –término con el que se denomina a la regla dolorosa–, si son invalidantes, merecen baja laboral”; “Este tipo de incapacidad laboral transitoria siempre ha existido. La novedad parte de que ya no será la empresa quien deba asumir el gasto que supone, sino el Estado”; “las reglas dolorosas pueden ser motivo de acudir a urgencias y ya se están tratando, pero no suelen ser causa de cursar una baja laboral, excepto cuando detrás hay problemas más graves”. Son las experiencias de cuatro médicos asturianos, tres ginecólogos y una médica de Atención Primaria, en torno al tema “del que más estamos hablando entre compañeros”: las bajas laborales por problemas derivados del dolor de la menstruación, reconocidas expresamente en la ley reformada del aborto.
Para los facultativos, focalizar este problema médico con un articulación concreta en la ley “entendemos que se trata más de revisar el ‘soporte’ económico de estas incapacidades” que querer que se atienda mejor un problema médico que, dicen “ya se ha venido atendiendo en las consultas siempre”, como apunta Ángel Martínez, ginecólogo del hospital de Cabueñes.
Para Laura López Álvarez, médica de Primaria, “las bajas por dismenorrea siempre han existido y existirán, y se trata de un ínfimo porcentaje de las bajas totales del sistema sanitario, al menos desde mi experiencia clínica, salvo casos puntuales que asocian otras patologías, que son la real causa de la incapacidad laboral. Pero por ser pocas, no son menos importantes, haberlas haylas”.
Sobre si les pondrá ante tesituras complicadas de cara a valorar una baja, Laura López sostiene que “habrá que confiar en el buen uso y no en el abuso y en el criterio clínico de quien los valora. Sin mayor trascendencia, sin mayor discusión y sobre todo sin ensombrecer una ley por otro lado tan importante y necesaria, seguirán existiendo estos permisos, como hasta ahora”.
Sobre si aflorarán más casos de mujeres que viven con más dolor del necesario la menstruación, por la visibilización que propicia la ley, Ángel Martínez lo duda. Aunque es consciente de que aún hay muchos retos por abordar en cuanto a la salud de las mujeres. Por ejemplo, “el retraso en el diagnóstico de las endometriosis, que es algo real y preocupante”.
No hay datos fehacientes de cuántas mujeres sufren reglas dolorosas o dismenorrea, pero los ginecólogos calculan que entre un 25% y un 50% por causas como quistes, miomas, pólipos, endometriosis, aunque a veces no se encuentra el motivo. Algunos estudios apuntan que incluso el 70% de las mujeres han sufrido reglas acompañadas de mucho dolor alguna vez en su vida.
En cuanto al ámbito laboral, el colectivo Cyclo hizo una encuesta en 2015 que señala que el 78% de las mujeres admiten que tienen dolores menstruales que afectan a su trabajo, pero no se piden una baja. Entre los motivos aducidos: “Porque no pueden faltar”, “por miedo a la repercusión”, “porque les daba vergüenza decir por qué no iban” o “porque necesitan ir a trabajar”.
La futura reforma de la ley del aborto ha tenido que asumir otra renuncia, además de la rebaja del IVA a productos sanitarios y de higiene femenina. Y es que no incluirá el término violencia obstétrica para referirse a las malas praxis contra las mujeres en el embarazo y el parto, una nomenclatura que suscitaba una gran resistencia en la comunidad médica, con protestas expresas realizadas por diversas sociedades científicas.
Desde el inicio de la discusión de la norma en el seno del Gobierno de coalición, este ha sido uno de los aspectos que ha suscitado mayores diferencias entre los socios. Fuentes de Igualdad indican que hubieran querido incorporar la violencia obstétrica al ordenamiento jurídico, pero reconocen que son “la parte pequeña del Gobierno” y que ni Sanidad ni Justicia “se sentían cómodos” con este término.
Aunque no hablará de violencia obstétrica, la futura norma sí recogerá políticas destinadas a la prevención de estas malas praxis –como pueden ser las cesáreas innecesarias o el abuso de las episiotomías– y a la formación de profesionales en materia de atención al parto respetuoso y no intervencionista, así como el impulso de un Protocolo común de actuaciones para que todos los centros públicos de todas las comunidades autónomas tengan que cumplir una serie de buenas prácticas en esta materia. En la actualidad, los protocolos varían en cada centro.
“Me alegro infinito que no se recoja el término porque su solo empleo presupone que una parte de los profesionales sanitarios estamos ejerciendo un tipo de violencia que en ningún caso admito. Lo que hay que denunciar son las malas praxis”, sostiene Ángel Martínez.
La ley del “sí es sí”, adelante con acuerdo y sin prostitución
V. M.
En el Congreso de los Diputados ayer por la mañana la ley del “sí es sí” parecía herida de muerte por el enroque socialista en torno a incluir aspectos de penalización de la prostitución –que no contaban con el respaldo de otros grupos–, pero las tornas cambiaron y el texto finalmente fue aprobado en Comisión con un amplio respaldo parlamentario del que no participaron PP y Vox. De tal manera que ha salido adelante la ley de garantía integral de la libertad sexual, que combatirá las violencias sexuales, convertirá el consentimiento en el elemento esencial para enjuiciar los delitos sexuales y acabará con la distinción entre abuso y violación. Aunque el PSOE ha perdido su pulso para combatir la explotación sexual desde esta le, no se da por vencido en su intento por abolir la prostitución. Por eso, hoy registrará una proposición de ley para multar a los puteros y castigar el proxenetismo y el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona, como pretendía que hiciera esta ley.
No se habla de otra cosa
Por Laura López Álvarez, médica de Atención Primaria
No se habla de otra cosa en los últimos días que del “Chanelazo” y de la reforma de la ley del aborto. Especialmente controvertido está siendo el tema del planteamiento de la baja laboral por incapacidad como consecuencia de la menstruación de las mujeres. Es curioso que este sea uno de los aspectos más controvertidos, teniendo en cuenta que este tipo de incapacidad laboral transitoria siempre ha existido. La novedad parte de que ya no será la empresa quien deba asumir “el gasto” que esto supone, sino el Estado.
No es de extrañar el sensacionalismo que se ha generado con todo ello, relegando la trascendencia social que tiene la ley del aborto a un segundo plano, pero así es este nuestro país. Las bajas por dismenorrea, término científico para calificar el “dolor de regla” siempre han existido y existirán, y se trata de un ínfimo porcentaje de las bajas totales del sistema sanitario, al menos desde mi experiencia clínica, salvo casos puntuales que asocian otras patologías, que son la real causa de la incapacidad laboral. Pero por ser pocas, no son menos importantes, “haberlas haylas” y no es un tema para escandalizarse, aunque tampoco está clara la necesidad de recogerlas en una ley dependiente del Estado. Creo que el criterio médico es suficiente para valorar su necesidad, al igual que sabemos valorar un dolor de espalda o el del dedo gordo del pie, sin necesidad de relacionarlo con términos como feminismo, igualdad o consideración hacia la mujer. Obviamente “es cosa de mujeres” porque la menstruación es una condición de la mujer y estos permisos son por y para las mujeres. De todos es conocido que existen permisos laborales de otra índole, como el permiso recuperable, el “griposo” u otras fórmulas dependientes de las empresas que pueden usarse para estos contratiempos (al igual que cuando uno se levanta con dolor de cabeza incapacitante o un trastorno gastrointestinal que le impide ir a trabajar) y habrá que confiar en el buen uso y no en el abuso de los mismos y en el criterio clínico de quien los valora. Sin mayor trascendencia, sin mayor discusión y sobre todo sin ensombrecer una ley por otro lado tan importante y necesaria, seguirán existiendo estos permisos “como hasta ahora” sin que legislarlo lleve el tema a ninguna parte más que a las hojas de los periódicos
