Once personas solicitaron en Asturias ejercer el derecho a la eutanasia durante el primer año de vigencia de la ley, y se aplicó en cinco casos, según ha informado hoy el presidente de la la Comisión de Garantía y Evaluación del Principado de Asturias, José Fernández. Salvo dos personas, el resto cumplía los criterios establecidos en la ley de "situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.
En total, se han realizado cinco prestaciones, cuatro de ellas en el domicilio y una quinta en el hospital, por propia voluntad de la persona que quería donar sus órganos. En todos los casos se llevó a cabo con un médico de referencia.
El 45% de las personas cuya solicitud fue admitida porque cumplía los criterios falleció antes de que finalizase el procedimiento legal para poder aplicarse, pero recibieron los cuidados paliativos indicados habitualmente en una sedación terminal.
Estas personas padecían enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, de larga evolución, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas. La edad media de los solicitantes es de 60 años; la persona más joven tenía 41 años y la de mayor edad, 77.
La aplicación de la Ley de Eutanasia ha revelado la conveniencia de que las personas realicen las instrucciones previas, más conocidas como testamento vital, para asegurar el acceso a una muerte digna en el caso de que se quiera ejercer este derecho. Esta es una de las conclusiones del balance anual aprobado hoy por la Comisión de Garantía y Evaluación, que preside el médico José Fernández Díaz y que ha sido presentado al al consejero de Salud, Pablo Fernández.
José Fernández ha subrayado que es necesaria una mayor pedagogía social sobre todos los aspectos relacionados con la muerte digna, en especial, sobre la importancia del denominado testamento vital, la eutanasia y los cuidados paliativos.
El procedimiento de la Ley Orgánica de Eutanasia (LORE) precisa de unos 45 días desde que se solicita la prestación y se hace efectiva. Además, se dispone de un plazo mínimo de quince días para favorecer la información sobre opciones y alternativas a quien ha pedido su aplicación y facilitar su reflexión y deliberación sobre esta decisión vital. En ese sentido, en ninguno de los casos se ha producido desistimiento o aplazamiento de la prestación, lo que denota la seguridad, determinación y voluntad inequívoca de las personas que solicitan la ayuda para morir.
La Consejería de Salud ha diseñado un programa de formación para el personal sanitario sobre las funciones, responsabilidades, apoyos y acompañamiento técnico y emocional para la figura de médico responsable, que se ha hecho extensible a todos los profesionales que participan en el proceso.
