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La mujer deberá dar siempre permiso antes de una cesárea

La nueva ley del aborto, remitida ayer a las Cortes exige el consentimiento de la parturienta a todo tratamiento invasivo incluso cuando la vida de la madre o el bebé esté en peligro

El Consejo de Ministros aprobó ayer, para su remisión a las Cortes, la reforma de la ley del aborto, que no incorpora cambios sustanciales sobre la propuesta inicial, aprobada en mayo, cuando ya generó choques e intensas negociaciones entre el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, y el ala socialista del Gobierno; sobre todo, a cuenta de la creación de una baja laboral para las mujeres que sufran reglas incapacitantes. Pero sí se han introducido matizaciones para reforzar los nuevos derechos, como el destinado a atajar la llamada violencia obstétrica. Cuando la ley entre en vigor, los profesionales sanitarios deberán requerir "el consentimiento libre, previo e informado" de las parturientas en todos los "tratamientos invasivos durante la atención al parto".

En el anteproyecto inicial aprobado en mayo, que no mencionaba el término violencia obstétrica porque genera rechazo en algunos sectores médicos –aunque otros se abren a su utilización para atajar las malas prácticas–, exceptuaba la petición de consentimiento informado en los casos en los que "la vida de la madre o el bebé esté en riesgo". Pero se ha eliminado esta excepción "en coherencia con la ley de autonomía del paciente" y porque "ha sido una cuestión observada por entidades sociales y mejora el texto respetando aún más la voluntad de la mujer", según fuentes del Ministerio de Igualdad.

El fomento del consentimiento responde al requerimiento de organismos internacionales, que han solicitado a España que ataje prácticas invasivas innecesarias y que pueden provocar daños en la madre y el bebé, dado que los pocos datos disponibles indican que España es uno de los países europeos con más partos instrumentales (cuando en el momento del expulsivo se requiere algún instrumento).

Asimismo, aunque el uso de fórceps, episiotomías o cesáreas va en descenso, su uso aún supera los estándares recomendados. Por otro lado, entre las novedades introducidas en el texto destaca que se "garantizará la asistencia y el acompañamiento a la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal". Los abortos involuntarios, sobre todo en avanzado estado de gestación, provocan un fuerte impacto psicológico en los progenitores, de ahí que se haya introducido un capítulo para ayudar a las mujeres en esta dura situación.

Esta ayuda se podrá completar con una baja laboral, que ya se contemplaba en el proyecto inicial, para que puedan ausentarse del trabajo las mujeres que aborten tanto de forma voluntaria como involuntaria, si el médico cree que su situación les impide trabajar. Además, destaca la modificación de las normas sectoriales para que las bajas por menstruaciones incapacitantes y por preparto (a partir de la semana 39 de gestación), que ya contenía el texto aprobado en primera lectura, puedan ser solicitadas por las funcionarias de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la justicia.

Y es que la reforma está destinada a garantizar el aborto en la sanidad pública, creando un registro de objetores, con el fin de reforzar los servicios donde la objeción impide la práctica de este derecho. Asimismo, revierte la contrarreforma del PP para que las menores de 16 y 17 años no necesiten el permiso paterno para interrumpir sus embarazos y elimina los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso (ya no será delito).

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