Llegó a Tarragona cuando tenía 10 años. Era 1992 y Mohamed Said aterrizó en el pequeño pueblo de L'Argilaga (Tarragonès) junto a su padre y sus hermanos, procedente de Marruecos. El padre tenía una oferta de trabajo y la ilusión de empezar una nueva vida. En Tarragona, Said ha terminado la ESO, ha participado en diversas organizaciones y ha trabajado en el ámbito de la logística y la educación social. Ahora, 30 años después de aquel viaje, con tres hijos y toda una vida en Reus (Tarragona), la Policía Nacional le obliga a abandonar el país. El cuerpo lo relaciona con la difusión de mensajes en favor del yihadismo islámico. Una acusación que muchas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Reus, el Govern de la Generalitat, cuatro grupos políticos y decenas de organizaciones niegan en rotundo. "Quieren silenciar las personas que pueden reivindicar derechos y denunciar injusticias", lamenta Said a EL PERIÓDICO, diario integrante del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio.
"El activismo no es terrorismo" o "stop islamofobia" son algunas de las proclamas que, el pasado lunes, medio centenar de personas gritaban frente a las puertas de la Delegación del Gobierno de Cataluña, en la calle de Mallorca de Barcelona. La concentración, organizada por la Juventud Multicultural Musulmana, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) y Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI), tenía como objetivo cerrar filas para defender a Said y pedir anular su orden de expulsión. Cortaron la calle durante 30 minutos y entidades como el sindicato mantero, la unión de comunidades islámicas de Catalunya (UCIDCAT) o Emergencia Frontera Sud mostraron su apoyo.
"Estoy un poco preocupado", dice Said, cabizbajo. "Mi hijo, de 5 años, no sabe qué es Marruecos, y mi hija, de 14, estuvo allí la última vez con 4. Nosotros somos parte de este país y Cataluña es nuestra tierra. No me imagino que mis hijos se tengan que adaptar a un idioma nuevo, a una cultura nueva", sigue. Es lo que les tocará hacer si se termina aplicando la orden de expulsión de España que pesa sobre él desde el pasado 5 de agosto y que ya ha recurrido en dos ocasiones. "Es todo una farsa, no aportan pruebas válidas", se queja Said.
Adoctrinamiento salafista
El documento se le entregó un viernes, en plenas vacaciones estivales y con solo 48 horas para realizar las alegaciones. Hacía dos meses que el Estado le había denegado la petición para obtener la nacionalidad española. En esta orden, los agentes de la policía definen a Mohamed Said como un líder de la comunidad islámica que realiza adoctrinamiento yihadista y radical. Para justificarlo, según consta en dos páginas de esta orden de expulsión a la que ha accedido este diario, se afirma que practica la corriente salafista del islam (que no es sinónimo de terrorismo), que participó en jornadas salafistas, que amplió la capacidad de su mezquita sin estipular de dónde salían los fondos o que aplicó un "discurso victimista" al lamentar, a través de las redes sociales, que después de los atentados del 17-A se atacara una mezquita de Montcada y Reixac y no se hablara de ello.
También se le acusa de "injerir en la política" para "desestabilizar al Estado español" porque Said pedía que los institutos en Tarragona ofrecieran clases de islam (algo que ya se produce en algunos centros catalanes) o que el velo islámico se pueda usar en escuelas, hospitales o la foto del DNI. "Pero si yo no puedo ni votar en España", se queja el hombre, que por este motivo pidió la nacionalidad en el 2020.
Clave para la cohesión social
Estas acusaciones chocan directamente con todo el entorno que apoya a Said. Este agosto, 25 de los 27 concejales del pleno del Ayuntamiento de Reus (JuntsxReus, ERC, PSC, CUP y tres concejales no adscritos) firmaron una declaración en la que describen a Said como "una persona que ha trabajado brazo a brazo con las entidades y el ayuntamiento para garantizar los derechos de vecinos". "Ha contribuido a la cohesión social y al intercambio con la comunidad magrebí y musulmana de Reus", sigue el texto.
Cuatro grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados (JuntsxCat, ERC, CUP y Comuns) también han rogado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la paralización de esta orden de expulsión. En una carta, dicen que la acusación no está fundamentada ni tiene suficientes garantías: "Mohamed Said es una voz que lucha contra el racismo institucional, la islamofobia y la vulneración de derechos". Asimismo, la Consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, le ha manifestado su apoyo. Tildó las acusaciones de la policía como "infundadas" y pide una "revisión rigurosa del caso". "La vida pública no puede ser penada según la nacionalidad", añade la 'consellera'.
Temor en las mezquitas
Said aún está pendiente de las alegaciones que ha presentado hasta en dos ocasiones y que, según él, desmontan los argumentos de la policía. "Se basan en fotos de mi Instagram para acusarme de algo que no soy", sigue el musulmán. "Yo colaboro estrechamente con la policía nacional, los Mossos, y todos los cuerpos de seguridad que luchan contra el yihadismo: nos hemos reunido con ellos muchas veces para colaborar", cuenta. Uno de los presentes en la protesta del pasado lunes era el presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, que dio un fuerte abrazo a Said antes de despedirse. "Desgraciadamente, este no es un caso excepcional, hay muchas personas que les están haciendo estas acusaciones sin ningún sentido. Esto hace que la gente tenga miedo a que les expulsen: nadie quiere liderar asociaciones, nadie quiere estar en las juntas de las mezquitas... Y esto es muy grave. No hay interlocución, no hay contacto con las administraciones. Y entonces sí que pueden pueden haber problemas", sugiere El Ghaidouini.
