El síndrome de alienación parental, un fantasma en la justicia cada vez más cerca de ser erradicado

Solo unos días atrás, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género denunciaba que el "falso síndrome de alienación parental" (SAP) está "detrás de algunas situaciones verdaderamente dramáticas para los menores de edad y sus madres". Pese a que su uso está prohibido por la ley, reconocía que en 2024 frenó varias formaciones de Psicología que blanqueaban su uso. "Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que no existe, pero todavía hay algunos abogados que lo aducen en sus demandas", explica Rosa Gil López, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Este "falso síndrome" presupone que un progenitor interfiere para que su hijo o hija se posicione en contra del otro. Se viene utilizado principalmente para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre. "Todavía hay algunos juzgados que, aunque no sea con esas palabras, sí indican que la madre, de alguna manera, ha malmetido frente al otro progenitor", añade Gil. El nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género busca terminar con él, lo mismo que la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), como anunció el pasado mes de diciembre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Llevamos muchos años trabajando para que se termine y no somos capaces. Por eso, tiene una gran importancia la sensibilización y de la capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los operadores jurídicos, especialmente jueces y fiscales, para que sepan qué es el SAP y para qué no se aplica. Tiene consecuencias desastrosas para las mujeres, pero especialmente para los niños y niñas", añade Yolanda Besteiro, abogada y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Adiós al atenuante de reparación del daño

La Asociación de Mujeres Juristas Themis es una de las tantas que han estado trabajando y aportando para la actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género. El primer texto acordado por los grupos parlamentarios, excepto por Vox, incluye 462 medidas. Incorpora, con respecto al anterior, algunas acciones destinadas a mejorar la protección de los menores y a reconocer y combatir la violencia económica, digital, sexual, la trata con fines de explotación sexual o los matrimonios forzados.

También hace hincapié en reforzar las actuaciones, los equipos, la coordinación y la formación de todos los operadores que trabajan en contra de todas las violencias machistas.

Otro punto clave en el acuerdo es que propone eliminar el atenuante de confesión y el de reparación del daño, del que se benefició Dani Alves, que vio reducida su condena por violación por indemnizar con 150.000 euros a la víctima.

"Sabemos de muchísimas conformidades que se han alcanzado ofreciendo indemnizaciones a las víctimas. Es algo palpable que se ha venido produciendo. Era una de las cuestiones que se planteaban por parte de los agresores en muchos de los procedimientos. Incluso hacían el ingreso que se pedía como responsabilidad civil a efectos de que, en caso de condena, se apreciera el atenuante. Es algo que me parece terrible: si tienes dinero puedes hacer todo lo que quieras", apunta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

El pacto también prevé que todos los procesos relativos a la misma víctima se enjuicien en un único órgano. Además, incluye que los juzgados de familia consulten obligatoriamente si existen procesos penales por violencia de género en todos los procesos que afecten a la infancia o haya indicios de violencia; que se practiquen todas las diligencias que puedan completar la declaración de la víctima, que puede retractarse por miedo al agresor; o que se dote de más recursos a los equipos psico-sociales y forenses para que emitan sus informes sin dilaciones.

Control de los fondos

Pero hay mucho más allá del plano judicial. Por ejemplo, para Besteiro una cuestión fundamental de esta modificación es que se corrijan "todos los problemas de control que ha habido en la ejecución y en la distribución" de los fondos destinados a acabar con la violencia machista, tanto en entidades locales como en comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, explica, por la desconfianza que genera entre la ciudadanía. Y eso es algo que no puede ocurrir, especialmente ahora que la "cultura del negacionismo está calando entre jóvenes de menos de 30 años, que niegan la violencia de género".

"Nos preocupa eso. Debe combatirse correctamente. Si no lo que se logra es que se reafirmen en sus posiciones al tiempo que las víctimas desconfían en el sistema", apunta.

También celebra que se vaya a intentar evitar que los niños y niñas tengan acceso a la pornografía, o que se dispona el "impulso" de la educación afectivo-sexual que ya recogen varias leyes pero que, hasta ahora, "ha estado completamente abandonada".