El acoso escolar también prescribe

Hasta las faltas, ya sean leves o graves, cometidas por los alumnos en los centros escolares prescriben. Así ocurrió en un instituto del área, cuyo equipo directivo impuso la expulsión temporal de un estudiante de 1º de la ESO y la prohibición de participar en actividades extraescolares por el acoso a una compañera de clase. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 1 de Vigo confirmó las medidas correctivas impuestas por el centro educativo pero tras recurrir la madre del menor, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó su petición y anuló el expediente sancionador por "resolverlo y notificarlo" fuera de plazo y no quedar acreditado que la actitud de la madre demorase este trámite.

Comentarios despreciativos y ofensivos

La sentencia, fechada a 22 de enero de 2025 por lo que todavía cabía la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuenta cómo la directora del IES nombró a una profesora a realizar averiguaciones sobre una posible situación de acoso escolar a una niña. Según se recoge en los hechos probados, la alumna recibía desde comienzos del curso 2023/2024 por parte de un grupo de compañeros diversos tipos de burlas, "algunas relacionadas con su aspecto físico, comentarios despreciativos y ofensivos y una crítica constante de sus actuaciones como delegada del curso con la intención de desacreditarla y hacer que abandone esta función".

Plan de convivencia escolar

Tras confirmar la docente que se está produciendo un episodio de acoso, se produce la apertura de un procedimiento corrector contra un alumno del instituto por falta "gravemente perjudicial para la convivencia por este tipo de conducta". Y es que todos los centros están obligados a tener los colegios tienen la obligación de incluir en sus proyectos educativos un 'Plan de Convivencia' en el que se recogen una serie de normas de conducta que los alumnos deben cumplir para mantener una adecuada convivencia en su actividad académica dentro del colegio.

Así, el centro le impone la suspensión temporal del derecho de asistencia al centro durante doce días lectivos y a participar de las actividades extraescolares.

Normativa

El problema surge cuando la madre del menor expedientado recurre la decisión del centro por no haber sido notificada en tiempo. Concretamente, y según la Ley gallega 4/11 de convivencia y participación de la comunidad educativa, "la resolución se notificará a la madre o padre [...] en un plazo máximo de doce días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la incoación del procedimiento". Los magistrados del TSXG indican que, en este caso, transcurrieron "14 días lectivos".

Colaboración de la madre

A mayores, y en cuanto al papel de la madre, desde el instituto del área de Vigo se aquejaba la "poca colaboración" de la progenitora: "no asistió en dos ocasiones a la citación de la entrevista a su hijo [...] y se negó a recoger copia de la documentación". A mayores hubo que "reprogramar" las fechas de las entrevistas y contactar con ella para "recordarle su obligación de colaboración".

Pese a ello, el TSXG explica que no se puede constatar en qué medida la madre "pudo demorar el trámite", por lo que resulta "imposible verificar ese tanto de responsabilidad de la apelante en el retraso".