Cada día fallecen en España 94 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios, una cada 15 minutos

Más de 34.250 personas fallecieron este último año en la lista de espera de la dependencia, 900.000 desde que está en vigor la ley de dependencia. Pese a que la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales expone que no murieron por esa causa, recuerda que sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Es decir, cada día 94 personas mueren sin recibir la asistencia a la que tenían derecho. Una cada 15 minutos.

El XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que esta mañana ha presentado la asociación en el Congreso de los Diputados, muestra que la mitad de las personas fallecidas en esta lista de espera (17.158) estaban pendientes de resolución de grado de dependencia. La otra mitad (17.094) ni siquiera habían podido ejercer los derechos derivados de la condición. burocracia y escaso desarrollo de ccaa

En total, a finales de 2024 había en España 1.636.757 personas en situación de dependencia reconocida y otras 127.879 pendientes de valoración. Esto, asegura la asociación, quiere decir que el 3,4% de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Y aunque durante 2024 haya descendido el número de personas con derecho reconocido en espera de atención, en diciembre todavía había 142.446 en el limbo de la dependencia. Son el 8,7% de las personas con derecho a ella.

Además, un 44% de las personas desatendidas son dependientes con Grados III o II, lo que significa que tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

Ayudas escasas

Otro dato negativo que deja el dictamente es que crece el tiempo medio de tramitación de un expediente. Son ya 334 días de media, 10 días más que en 2023, y que para el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, es "insoportable". En Andalucía, Canarias, la Región de Murcia y Galicia superan el año. Únicamente tres territorios están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación. Son País Vasco, Castilla y León, y Ceuta.

Y aunque las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función de este, "presentan importes insuficiencias". "Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 542,5 euros por mes (Grado II) y 579 euros por mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un segundo copago' o copago invisible", afirman.

Por su parte, la Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 35,65 horas al mes. Son 17,4 horas mensuales para los Grado I; 39,8 para los Grado II; y 60,2 para los Grado III. Esto quiere decir que las personas que necesitan apoyos de forma permanente solo reciben dos horas y media diarias de lunes a viernes.

Además, resaltan que el 67,5% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia.

Perfil de cuidadoras

Para la atención de estas personas, en 2024 había reconocidas 664.906 personas cuidadoras, de las cuales el 72,6% son mujeres (482.873) y el 27,4 % son hombres (182.033). La mayoría son hijos o hijas (34,4%), pero también hay madres (24,3%, en mucha menor medida que los padres, que son el 3,3%) o parejas (20,1%). La mitad tienen entre 50 y 66 años (47,5%).

Estos datos demuestran que el peso de los cuidados sigue recayendo en las mujeres, muchas de ellas en edades avanzadas (el 7,2% tienen más de 80 años) y sin el respaldo necesario para garantizar su bienestar. En este sentido, la asociación critica que todavía no se haya evaluado el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultados de una libre elección.

"Muchas mujeres se convierten en cuidadoras no por elección, sino porque el sistema les impone, social y económicamente, que así se haga", ha recalcado Manuel Fuentes, una de las personas firmantes de este dictamente.

Asimismo, recuerdan que cerca de cinco años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poder darse de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas dependientes de la Seguridad Social, solamente 86.507 (87,7% mujeres) lo han hecho. Suponen un 13,6 % del total de las personas cuidadoras.