Entrar al juzgado como víctima de machismo y salir sin la custodia de tus hijos: "¿Qué esperan, que me suicide?"

Una mujer que decide separarse de su marido y lo denuncia por violencia de género habitual y termina con el caso archivado y perdiendo la custodia de sus dos hijos. Otra, que a pesar de las palizas constantes y los ingresos hospitalarios, no encuentra apoyo de las administraciones y acaba raptada por su agresor sin que a fecha de hoy se sepa dónde está. Otra mujer que denuncia a su ex pero desiste en mitad del procedimiento tras una llamada exprés del juzgado que le recomienda dejar el caso. Estos son tres casos extremos analizados por el Observatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM) que muestran hasta qué punto la respuesta de las instituciones puede destrozar a las víctimas de la violencia de género. "¿A qué están esperando, a que me suicide? ¿A que maten a mis niños? ¿O a que estemos muertos en vida los tres?", clama una de ellas.

Anabel: "Me han destruido"

Anabel es un nombre ficticio de una mujer gallega que a finales de 2020 decidió separarse de su marido tras 30 años de matrimonio y lo denunció por maltrato habitual en la pareja, con quien tenía dos hijos. "Ella era la única encargada de las tareas del hogar y los cuidados, tuvo que dejar de trabajar, redujo sus salidas de ocio para evitar peleas en casa y su marido la torturaba mentalmente con palabras del estilo 'estás sola', 'no tienes a nadie', 'estás loca'". La última: "Si llamas a la policía te van a recoger a trozos en bolsas", explican desde el OVIM. La violencia física y psicológica llegó hasta los menores. Cuando la madre denunció, el juzgado interpuso una orden de protección.

Lo que ella no sabía es que el proceso judicial de Anabel terminaría en su contra. Primero, el juez retiró la orden de protección sin avisarla. Después, su abogada de oficio se negó a presentar las pruebas ni quiso citar como testigo a una amiga. Al final, la violencia no se pudo probar y el agresor terminó absuelto. Después, el maltratador pidió la custodia de los hijos y se la otorgaron, dado que no se tuvo en cuenta la denuncia de violencia. El hijo menor, que no quería residir con el padre, tuvo que hacerlo a la fuerza.

"Me siento desamparada, como si fuese una delincuente", señala la madre. En los encuentros quincenales, el niño aparecía con marcas y la madre se temía lo peor. Ella trató de denunciarlo, pero jamás prosperó. Además, durante ocho meses, el padre incumplió el régimen de visitas y la madre no pudo estar con su hijo. Ahora lo ve una vez a la semana en un punto de encuentro. "La justicia me ha destruido, me han robado la vida", lamenta.

Lola: "¿Dónde estaría hoy si la hubieran atendido bien?"

El caso de Lola lo cuentan su hermana y dos mediadoras culturales de su barrio. Ella se encuentra en paradero desconocido, su maridó se la llevó con él y hace dos años que su familia no sabe nada. Se trata de una mujer gitana que se casó con su marido, que no es gitano, a los 17 años. Tienen seis hijos. "La aislaba de su gente y la obligaba a cambiar de domicilio de manera constante debido a sus prácticas delictivas. La amenazó de muerte en varias ocasiones, escondía una pistola y trapicheaba con droga", relata la OVIM. Ella había ingresado en el hospital por sus palizas en varias ocasiones. La más grave, embarazada de ocho meses. Al día siguiente, perdió el bebé.

La hermana explica que el agresor también usaba a los niños en contra de la madre, siendo los más mayores también agresores. "Utilizaba a las criaturas para que no le denunciara ni se marchara", cuenta. Lola siempre tuvo miedo a denunciar porque temía la muerte. Tras la última paliza, en un nuevo domicilio, el hospital sí activó el circuito de violencia. La protegieron, pudo regresar a su barrio con su familia, le dieron un móvil de protección y a él le colocaron una pulsera de seguimiento.

El problema fue que nadie reparó en darle una solución de vivienda. Los servicios especializados sólo le pudieron ofrecer plaza en una casa de acogida. "La aislaban de su comunidad y le hacían elegir entre sus hijos o su protección", cuenta la mediadora cultural. Al final, el agresor la volvió a encontrar y se los llevó a todos a un lugar desconocido. "¿Dónde estaría ahora si la hubieran atendido bien?", se pregunta la hermana.

Carla: separada de su bebé

Carla, una mujer hondureña, se separó de su pareja, español, cuando nació su hijo. "Descubrió que era un hombre violento con cierta adicción a la cocaína que la vejaba, la manipulaba e intimidaba constantemente. Le insultaba y la echaba de casa con el bebé en brazos", cuenta su psicóloga. Al separarse, empezó a trabajar de interna y llegaron a un acuerdo verbal con la custodia. Cuando el bebé se dio un golpe en la cabeza, el padre la acusó de negligente y se quedó con la custodia del pequeño.

A pesar de que la madre recurrió, la respuesta judicial no llegó hasta un año después. Cuando el bebé ya tenía dos años, el juzgado aceptó que la madre pudiera verle dos veces por semana. El OVIM subraya que, por un lado, este caso muestra el colapso de los juzgados. Pero también opina que estamos ante un caso de violencia vicaria, ya que se usó al niño para dañar a la madre.

Carla también presentó una denuncia por violencia de género, aunque también le denegaron la orden de protección. Lo más grave fue cuando los juzgados le llamaron preguntando si quería seguir adelante con el proceso. Ella, diagnosticada con ansiedad y depresión, decidió desistir. "Yo solo lo cuento para que ningún bebé se vea obligado a crecer sin su mamá", dice la mujer.

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