El Gobierno asumirá "de inmediato" la atención de 250 niños refugiados con plazas en Gran Canaria

El Gobierno de España y el de Canarias han alcanzado un acuerdo sobre los criterios que regirán la incorporación de los niños refugiados alojados en centros del Archipiélago al sistema nacional de protección internacional. El Estado se ha comprometido a asignar 250 plazas el próximo martes, durante la reunión del comité bilateral creado para analizar, caso por caso, la situación de los menores que han solicitado asilo o han expresado su intención de hacerlo. Con este avance, se da un paso decisivo hacia el cumplimiento de los dos autos dictados por el Tribunal Supremo, que obligan al Estado a garantizar los derechos de los menores migrantes no acompañados con derecho a protección internacional. Antes del viernes, el Ejecutivo central presentará ante el alto tribunal la hoja de ruta pactada para informar sobre los avances en el proceso.

La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, calificó el primer encuentro como «positivo» y subrayó que aún están a la espera de que el Estado concrete el destino de los primeros menores que serán derivados. Según fuentes cercanas al Ejecutivo central, la intención manifestada en la reunión fue trasladarlos al centro Canarias 50, ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente acoge a migrantes mayores de edad. Rodríguez destacó que se trata de "un día importante, especialmente para los chicos, que tienen derecho a una plaza en el sistema de protección internacional".

Plazas en Gran Canaria

Rodríguez detalló que, del listado inicial remitido por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Migraciones —departamento competente en materia de protección internacional—, hay 827 menores que coinciden con la base de datos de los que permanecen en centros del Archipiélago y que ya cuentan con la documentación necesaria para acceder al sistema. En estos casos, el Estado se ha comprometido a facilitar su incorporación «inmediata», asignándoles plazas en Gran Canaria. Además, existen otros 367 niños que no figuran en ese listado inicial, pero que ya han tramitado su solicitud de asilo. En total, son 1.294 los menores que el Estado deberá asumir en el marco de este proceso.

El documento suscrito, tres meses después de que el Supremo dictara la orden, contempla la creación de un órgano interadministrativo encargado de analizar cada situación de forma individualizada y decidir el destino de los menores. Este nuevo comité trazará un mapa de los recursos disponibles e iniciará el proceso de evaluación para su reasignación. Una vez determinado el lugar de acogida, el traslado deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días.

Descongestionar la red de centros de Canarias

El comité trabajará con tres posibles vías para reubicar a los menores y aliviar la situación de «hacinamiento» en los centros de acogida de Canarias. La primera contempla su incorporación a un recurso de la red estatal de protección internacional, que —según recoge el documento con las bases del acuerdo entre administraciones— «excepcionalmente podrá estar en Canarias». Esta fórmula, sin embargo, debe ser utilizada de forma puntual, ya que el objetivo no es solo descongestionar los dispositivos que gestiona el Gobierno regional, sino también favorecer la integración de los menores en sus futuros lugares de residencia, lo que implica su salida del Archipiélago.

Para agilizar el acceso de los menores al sistema de protección internacional y evitar bloqueos burocráticos, solo se exigirá la entrega de los "documentos esenciales": la identificación del menor y la acreditación de su tutela por parte de la Comunidad Autónoma. Una vez presentada esta documentación, se dictará la resolución de admisión en un plazo máximo de tres días hábiles o cinco naturales.

La reunión, celebrada de forma telemática, contó con la participación de cuatro representantes por parte de cada gobierno. En el caso del Ejecutivo central, asistieron cargos de los ministerios de Inclusión, Infancia, Interior y Política Territorial, además de la Abogacía del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo