Miedo a denunciar: "Me sacó un arma. Fui como víctima, pero me detuvieron porque no tenía papeles"

"Mi vida había estado en peligro: un hombre español me sacó un arma. Yo fui como víctima, pero me dejaron detenido porque no tenía papeles". Gustavo es una de las personas que ha ofrecido su testimonio y forma parte del informe "Denuncia INSegura", una investigación realizada por Red Acoge sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes para acceder a la justicia. Entre las conclusiones destaca que solo una de cada nueve personas migrantes o racializadas se atreve a interponer una denuncia tras ser víctima de un delito por "miedo, falta de información y desconfianza" en las autoridades que, en ocasiones, "las discriminan por su origen".

El testimonio de Gustavo evidencia cómo prima la Ley de extranjería "que dispone de un procedimiento sancionador que incluye la expulsión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, sin considerar las garantías en el acceso y denuncia segura que la normativa estatal y comunitaria reconocen", explica el informe que cuenta con testimonios de víctimas, pero también de profesionales de distintos perfiles (agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados y funcionarios del sistema judicial, trabajadores sociales...). "Hablamos de casos de violencia de género o agresiones en algún bar, de robos, que no han querido denunciar, porque no tenían documentación y les daba miedo. De no querer salir de casa por el miedo a encontrarse con su agresor y miedo de ir a la policía y que te puedan poner una orden de expulsión", explica Irene, trabajadora social.

La teoría marca sobre el papel que nacionales o extranjeros, con o sin papeles, deberían poder denunciar que han sido víctimas de un delito, sin otras consecuencias. De hecho, en el año 2015 se aprobó el Estatuto de la víctima del delito como la normativa específica para la protección y garantías de los derechos de las personas que han sufrido un delito. Esta ley establece que todas sus disposiciones son aplicables a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. A ello se suma la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobada en el año 2022, que reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación y señala específicamente en su artículo 19 la obligación de los poderes públicos por velar por supresión de estereotipos y promover la ausencia de cualquier forma de discriminación en la administración de justicia.

"Hay que enfrentarse muchas veces a burlas dentro de la comisaría, de infantilización o desprecio"; "Ella (refiriéndose a su empleadora) me decía ‘si tú me denuncias, no te van a creer porque es que tú viniste, tú estás aquí ilegal" o "yo no me puedo arriesgar a un problema judicial, aunque soy la víctima porque tengo la expectativa de tener papeles y de traerme a mi hijo" son testimonios recogidos en el informe que evidencian que la práctica dista mucho de la teoría que recogen las distintas normativas.

Respeto y cambios en la legislación

Las víctimas reclaman, entre otras medidas fundamentales, su derecho a recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de autoridades y funcionarios que reciben las denuncias, que se les facilite información comprensible del procedimiento (incluida la traducción a su idioma) y que se les proteja frente a posibles represalias de la persona o instituciones denunciadas. En este sentido, el informe refleja como una de sus conclusiones principales la necesidad de modificar la ley de Extranjería para que se garantice que a las víctimas en situación administrativa irregular de cualquier tipo de delito no se les sancione con multas o expulsión cuando acudan a denunciar.