Le pusieron un detective para desahuciarla de su casa: intentaron demostrar que no vivía allí y que había cedido la vivienda a su hija

Una promotora inmobiliaria compró una vivienda alquilada y quiso dar por terminado el contrato alegando que el arrendatario se había mudado a Granada y que la casa la ocupaba realmente su hija. Para demostrarlo, aportó un informe de detective privado con visitas y grabaciones. La Audiencia Provincial de Ceuta mantiene el “no” del juzgado de primera instancia: el seguimiento no basta para probar una desocupación continuada y, en un caso con problemas médicos de por medio, alternar estancias entre ciudades puede tener “justa causa”.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial en Ceuta, en sentencia de 2025, desestimó el recurso de la promotora y confirmó íntegramente la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de la ciudad, que ya había rechazado resolver el contrato. La empresa fue condenada a pagar las costas de la apelación y a perder el depósito constituido para recurrir.

El pleito giró en torno a un contrato de arrendamiento de vivienda firmado el 1 de agosto de 1983, al que se aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. La mercantil adquirió la vivienda el 7 de junio de 2019 y se subrogó como arrendadora, y pocos meses después envió un burofax al inquilino sosteniendo que el inmueble no estaba siendo ocupado por él.

Con esa base, la propietaria pidió la resolución del alquiler por dos vías: como principal, por desocupación (la vivienda no ocupada durante más de seis meses en el curso de un año), y de forma subsidiaria, por cesión inconsentida a un tercero. El argumento era que el arrendatario residía en Granada y que en Ceuta vivía su hija, primero sola y después con su pareja e hijas menores.

La empresa intentó apuntalar esa tesis con un detective: un informe de investigación privada con visitas “estáticas” en días sueltos, conversaciones y grabaciones, además del testimonio en el juicio del excompañero sentimental de la hija. Sin embargo, el juzgado ya concluyó que no se acreditaba ni la cesión del contrato ni, sobre todo, la desocupación “efectiva y continuada” exigida por la norma.

La Audiencia entra en el corazón del debate y lanza un aviso sobre el valor de estas pesquisas privadas. Recuerda doctrina que aconseja evaluar este tipo de material con cautela, porque “no es esencialmente un medio de prueba” sino un apoyo para localizar otras fuentes, y lo califica como “testimonio preconstituido… que debe contemplarse con severidad crítica”. En este caso, la Sala comparte que las manifestaciones del investigador “no permiten alcanzar la conclusión de la desocupación efectiva y continuada” durante más de seis meses.

El tribunal también subraya las debilidades concretas del seguimiento aportado: gran parte de los vídeos carecían de audio, no se pudo “oír” a determinadas personas citadas en el informe, y en el propio juicio surgieron dudas sobre quién grabó y quién habló con los moradores (se alude a un compañero del detective que ni siquiera declaró). A ello se añade un contexto relevante: la sentencia da por compatible que, por problemas médicos, se alternen temporadas entre Ceuta y una segunda vivienda en Granada sin que eso, por sí solo, encaje en la causa de resolución del contrato de alquiler.

Otro golpe para la pretensión de la propietaria llegó por la credibilidad del testigo clave, expareja de la hija, cuya declaración quedó muy debilitada: la sentencia recoge que terminó admitiendo que “pudiera ser posible que no dijera toda la verdad” sobre quién vivía en la casa.

Con todo ello, la Audiencia confirmó la absolución de los inquilinos y dejó abierta la puerta a un recurso de casación en 20 días si concurre interés casacional. Y, como mensaje, dejó que en pleitos de alquiler un informe de detective privado puede orientar, pero no sustituye una prueba sólida de desocupación prolongada o cesión real del contrato.