Cada 16 minutos fallece una persona esperando la dependencia: el tiempo medio para acceder a ayudas es 341 días

Aunque en 2025 se alcanzó un máximo de inversión en el sistema de ayuda a la dependencia, con 13.506 millones de euros, el gasto en prestaciones para personas mayores y dependientes solo representa el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican, de media, los países de la UE. Eso provoca que el sistema español sea 'low cost', es decir, con deficiente financiación, desigualdades territoriales, prestaciones y servicios de baja intensidad o cuantía y larguísimos procedimientos burocráticos, según concluye el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados y efectuado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El balance indica, por ejemplo, que el tiempo medio entre que se presenta una solicitud y se resuelve el expediente fue en 2025 de 341 días, siete más que en 2024 y 17 más que en 2023. La ley indica que el tiempo máximo debería ser de 180 días, es decir, seis meses, pero solo cinco comunidades autónomas y Ceuta y Melilla cumplen el mandato: Castilla y León (con 113 días); y País Vasco (129), Aragón (141), Castilla La Mancha (165) y La Rioja (174). En el otro extremo se sitúan Murcia (con 559 días), Andalucía (496) y Canarias (430), que superan, con creces, el año de espera. Catalunya se encuentra en la parte media del ránking, con 276 días, por debajo de la media, pero por encima de 10 autonomías.

"Retrasos impresentables"

Los motivos de estos "impresentables retrasos", según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, son los "sucesivos recortes sufridos en la financiación que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones".

Asimismo, a su juicio, existe un "disparatado y proceloso entramado burocrático" que, "lejos de garantizar el ejercicio del derecho, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". "La mayoría de comunidades establecen dos procedimientos administrativos encadenados, la resolución del grado y la resolución de la prestación o el servicio que disfrutará la persona. Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones".

Fallecidos

Y la "interminable dilación de los procedimientos" tiene como consecuencia que muchas personas fallecen estando en lista de espera, sin recibir el servicio o la ayuda que demandaban. En concreto, en 2025 fallecieron 17.994 personas pendientes de la resolución de grado de dependencia y 14.710 de la resolución de la prestación. En total, 32.704, un 4,5% menos que en 2024, pero, aun así, cada 16 minutos fallece una persona "en el laberinto burocrático de la ley", según denuncia el Dictamen del Observatorio, que también indica que, desde que se aprobó la ley de dependencia, hace 19 años, más de cuatro millones de personas han recibido atenciones pero 900.000 han fallecido esperando ser atendidos.

Al mismo tiempo, ha finalizado 2025 con 258.167 personas a la espera de un procedimiento, de ellos 148.907 personas con derecho reconocido pero a la espera de recibir atención, lo que supone 6.461 personas más "en el limbo de la dependencia". "Al ritmo del último año, se tardarán 10 años en lograr la plena atención", concluye el informe.

Prestaciones económicas

El balance también indica que las prestaciones económicas ofertadas son "insuficientes". Por ejemplo, a las personas con grado II ingresadas en una residencia se les abona una ayuda de 549,8 euros al mes y de 566,9 euros para el Grado III. "La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado, que fácilmente triplicará ese importe, constituye un segundo copago o copago invisible", denuncia el dictamen.

Todo ello, en medio de una gran diversidad territorial, con un gasto medio por habitante de 194 euros, que solo superan cinco comunidades (Castilla y León, la Rioja, País Vasco, Andalucía y Castilla-La Mancha); mientras que en el otro extremo se sitúan Ceuta y Melilla (con 95 euros), Canarias (108,8 euros) y Baleares (119,6 euros).

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