El Defensor del Pueblo crea la unidad que propondrá las indemnizaciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia

El Defensor del Pueblo ha informado este viernes de la puesta en marcha la unidad de víctimas que evaluará las solicitudes de reparación de las víctimas de la pederastia en el seno de la iglesia y elaborará una propuesta de indemnización. La institución cumple así con el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno el pasado 8 de enero, en virtud del cual el Ministerio de Justicia recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo evaluará las mismas y hará una propuesta de reparación, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica en un plazo de tres meses.

La unidad está compuesta por 16 miembros, expertos en victimología, psicología, criminología y otras disciplinas jurídicas. Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “se ha tratado de reunir a un grupo de personas expertas en diversas disciplinas que va a hacer un trabajo serio y riguroso”.

Según el protocolo rubricado entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Gobierno recibirá las solicitudes en la oficina que ha comenzado a funcionar este miércoles, que serán enviadas a la unidad de víctimas del Defensor, que elaborará una propuesta de valoración del reconocimiento de víctima y su reparación. La reparación puede ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

No hay baremos

Según el protocolo, las reparaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado, y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia. A diferencia de los acuerdos alcanzados en otros países, no hay un baremo de indemnizaciones, sino que el Defensor hará propuestas individualizadas.

Su dictamen será trasladado a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que lo evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (es decir, Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y la Iglesia la ejecutará. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si ésta no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

“Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano”, ha subrayado Gabilondo.

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