El Gobierno reduce el copago farmacéutico a las rentas bajas y medias con más tramos y nuevos topes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley destinado a modificar el copago farmacéutico, que "corrige las desigualdades del sistema actual, protege especialmente a los enfermos crónicos con rentas bajas y medias y adapta el copago a la realidad de muchas familias", según ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García.

El motivo de la reforma es que el Gobierno ha observado que hay pacientes, especialmente trabajadores polimedicados o crónicos, más que los pensionistas, que tienen copagos reducidos o topados, que interrumpen sus tratamientos o los reducen porque no pueden hacer frente al copago. "Hemos detectado que hay pacientes que abandonan el tratamiento por problemas económicos", ha insistido la ministra.

Los tramos de aportación pasan de tres a seis y se incorporan nuevos topes máximos mensuales para las rentas de menos de 35.000 euros

Para frenar esta situación, el real decreto contempla un copago "más progresivo" e inferior para las rentas medias y bajas, pero sin incrementar la aportación que se realiza en conjunto. La novedad fundamental es que los tramos de aportación pasan de tres a seis y se incorporan nuevos topes máximos mensuales para los colectivos de renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites. El objetivo, según Sanidad, es el de "limitar el impacto económico de los medicamentos en personas con tratamientos prolongados y en polimedicados".

La reforma tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros

Así, las personas con rentas anuales inferiores a 17.999 euros pagarán el 40% de los fármacos (con un límite mensual que va de 8,23 euros para las personas con ingresos más bajos y 61,75 para los pacientes con más renta); los individuos con ingresos de entre 18.000 y 59.999 euros, el 45% (sin tope mensual); las rentas de entre 60.000 y 99.999 euros, el 50% y las superiores a 100.000 euros, el 60%.

Los pensionistas

En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos y de los límites máximos mensuales "con el objetivo de reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración". La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales, que abonarán el 10%, al igual que en tramo inferior y el superior, y actualiza los topes máximos de aportación mensual, de manera progresiva.

La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales, que abonarán el 10%

Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos evitando, según el Gobierno, "que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho". A este respecto, la reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

El gasto y el ahorro

Según la memoria del análisis de impacto normativo, la reforma tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. Pero según Sanidad, la norma contribuirá a mejorar el seguimiento de los tratamientos, lo que previene complicaciones evitables y reduce la presión asistencial derivada de las interrupciones de las terapias por motivos económicos, lo que permite ahorrar al sistema sanitario.

A este respecto, diversos estudios han puesto de manifiesto que un copago excesivo afecta negativamente a la adherencia terapéutica y favorece interrupciones o reducciones de los tratamientos, con el consiguiente impacto en la salud individual y colectiva.

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