La Comisión Europea pedirá a los gobiernos en 2027 que prohíban las terapias de conversión

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que presentará una recomendación en 2027 en la que "pedirá" a los gobiernos europeos que prohíban las terapias de conversión contra personas LGTBIQ+, en respuesta a una iniciativa legislativa ciudadana que logró más de un millón de firmas. 

Las terapias de conversión "no tienen lugar en nuestra Unión", ha dicho en un comunicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Se basan en la falsa idea de que las personas LGBTIQ+ están enfermas", ha apuntado el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, Bruselas se limitará en su propuesta, que solo presentará en 2027, a llamar a los gobiernos que las prohíban. 

"Hemos escuchado historias aterradoras", ha dicho la comisaria de igualdad Hadja Lahbib, durante una comparecencia, tras reunirse con los organizadores de la iniciativa. "Historias de medicación forzada, abuso verbal, pero también violencia física, descargas eléctricas, aislamiento, acoso emocional y psicológico, abuso sexual y violación", ha explicado. 

"A todo esto lo llamaban terapia", ha dicho Lahbib. Pero estas prácticas, ha subrayado, "no tratan de cuidar", "no ayudan a nadie", ha insistido la comisaria. "Es violencia, violencia disfrazada. Y nadie, absolutamente nadie en nuestra Unión Europea debería tener que experimentar esto", ha sentenciado.

Un millón de firmas

En 2024, representantes de la Asociación Europea Contra las Terapias de Conversión (ACT por sus siglas en inglés) lanzaron una iniciativa legislativa ciudadana. Este sistema permite a los ciudadanos pedir a la Comisión Europea que proponga legislaciones concretas, siempre y cuando la iniciativa cuente con un mínimo de un millón de firmas de al menos siete países de la UE en un año.  

Los organizadores pidieron a la Comisión que incluyera este tipo de terapias en la lista de crímenes europeos, como se propuso con la violencia de género, o que incluyera este fenómeno en la directiva de igualdad que trata de prevenir la discriminación. También pidió reconocer como delito a efectos de la directiva que protege específicamente los derechos de las víctimas. 

Además, conscientes de que buena parte de las decisiones en materia de justicia quedan en las manos de los gobiernos nacionales o requieren unanimidad, los organizadores pidieron una iniciativa legalmente no vinculante pero que pidiera la ilegalización de la práctica en todo el continente. La iniciativa contó con el respaldo de más de un millón ciento treinta mil ciudadanos en los veintisiete países del bloque.

El problema de la unanimidad

La Comisión Europea considera que la recomendación en la que pedirá a los gobiernos que prohíban las terapias de conversión es la manera más efectiva de abordar el problema. En la recomendación, Bruselas llamará a los países a que luchen contra este tipo de prácticas e "invitará" a los mismos a que den cuenta de las medidas que están tomando para hacerlo. 

Bruselas no ha excluido la posibilidad de incluir la práctica de terapias de conversión como un delito europeo, pero para hacerlo este debe cumplir con criterios específicos. En particular, debe tratarse de un delito particularmente grave "con una dimensión transfronteriza que resulta de la naturaleza o el impacto de tales delitos o de una necesidad especial de combatirlos de forma común". 

El problema es que modificar esa lista requiere la unanimidad de los Veintisiete y no todos los gobiernos europeos están igualmente dispuestos a proteger los derechos de las personas LGTBIQ+. Lo mismo ocurre con la posibilidad de ampliar la protección en el marco de la directiva de igualdad, para extender la protección más allá de lo puramente vinculado al empleo. 

Violencia y discriminación

"Acogemos con plena satisfacción el compromiso de hoy de la Comisión Europea de adoptar una Recomendación para poner fin a las prácticas de conversión", ha dicho en declaraciones a EL PERIÓDICO Katrin Hugendubel, la subdirectora de la Asociación Europea de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Poner fin a estas prácticas "no puede reducirse a simbolismos ni a acciones nacionales fragmentadas", ha dicho, "requiere una dirección clara a nivel de la UE, a la que la Comisión se compromete hoy".

En la actualidad, solo ocho países del bloque, España, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal, cuentan con legislaciones que prohíben las terapias de conversación. Las condenas van desde multas hasta penas de prisión y en buena parte de estos países se considera un agravante cuando la víctima es menor. En esos países, la Comisión considera que la directiva de derechos de las víctimas ya les protege.

Según una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, el 24 % de las personas LGBTIQ+ en la UE han sido víctimas de terapias de conversión. Ese porcentaje llega al 47% cuando se trata de mujeres trans, y al 48% en el caso de hombres trans. 

Este tipo de "terapias" utiliza la violencia física y sexual, los abusos y la humillación, electroshock o medicación con el objetivo de cambiar o reprimir la orientación sexual o la identidad o expresión de género de personas LGTBIQ+. Han sido calificadas por la ONU como una forma de tortura y pueden tener secuelas tanto físicas como psicológicas graves. 

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