La dependencia tiene que "dejar de llegar tarde", exigen las asociaciones

Detrás de los 425 días de espera media y de los porcentajes que sitúan a Asturias a la cola de la gestión dependencia hay personas. Esa es la advertencia de las asociaciones que representan a los usuarios, que coinciden en un diagnóstico: el sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Asturias todavía "llega tarde", arrastra una rigidez que no se ajusta a cada persona y convierte en vulneración de un derecho lo que debería ser un apoyo. Ante ese panorama, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y Plena Inclusiónreciben la reforma estatal que el Congreso vota el 14 de julio con una mezcla de esperanza y desconfianza.

"En el reconocimiento del grado se ha mejorado bastante, pero en la dependencia no avanza", resume Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturias. "Hay muchísimo retraso desde que solicitas hasta que te dan la resolución y puedes acceder a la prestación o el servicio". El problema, subraya, es que las personas tienen la necesidad "en el momento en que solicitan la valoración", de modo que "cualquier retraso en los plazos influye en su calidad de vida". Un caso claro puede ser el de una persona sola que por una enfermedad se ve de pronto en una situación de dependencia total: "Hay muchas personas mayores, sin entorno familiar de cuidados, en situaciones muy difíciles, que lo necesitan lo más urgente posible", ejemplifica.

Oviedo reclama un compromiso concreto de plazos porque, recalca, "el de seis meses todavía está muy lejos de cumplirse". "Desde COCEMFE y Cermi venimos reivindicando las medidas necesarias, no sabemos si más personal o una mejor gestión de los expedientes, pero de momento no vemos que los resultados avancen mucho", lamenta. Y recuerda que la asociación no dispone de la receta técnica: "No tenemos la solución, no nos corresponde buscarla; vemos la realidad de personas con discapacidad que no está cubierta y pedimos que se acorten los plazos". "Se produce un terremoto en tu vida", resume, "y si tienes las prestaciones y los apoyos adecuados, te ayuda a superarlo y no repercute tanto en tu vida".

Desde Plena Inclusión Asturias, su gerente, Casilda Sabín, apunta a la raíz del modelo. "Hay todavía un gran problema de rigidez en el planteamiento del sistema", sostiene, y reclama que éste "se centre en las personas y sea algo más que una máquina burocrática deshumanizada". Su propuesta pasa por basarlo en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por "personalizar" la atención en lugar de organizarla por grados, con la mirada puesta en la desinstitucionalización, la eliminación de sujeciones y el empoderamiento de los usuarios.

Sabín carga también contra la gestión: denuncia falta de coordinación, herramientas informáticas ineficientes y un equipo que, a su juicio, no termina de cuajar en la Consejería. "No hay capitán al frente de este barco", resume, en alusión a la ausencia de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, de baja por enfermedad desde mayo y cuya área ha pasado a depender de Salud. Advierte, además, del sobreesfuerzo económico de las familias, que aportan "entre el 25 y el 35 % de su prestación" para recibir un servicio, y de una contradicción de fondo: mientras se difunde un modelo de atención personalizada, "se siguen creando macrorresidencias". A pie de calle, enumera casos sin respuesta: familias que al acabar el curso no saben qué centro tendrá su hijo, personas con discapacidad intelectual derivadas a residencias de mayores al fallecer sus padres o jóvenes que piden itinerarios de empleo con apoyo que no existe para esos casos.

Ambas coinciden en el punto más delicado: qué esperar de la reforma. Oviedo confía en que la nueva financiación —el Estado asumirá la mitad del gasto— sea el revulsivo: "Esperamos que con esa inyección se acelere y que los recursos lleguen en el plazo legal para todas las personas, no para la media". Sabín, más escéptica, teme que quede en "pan para hoy y hambre para mañana" si no hay "una visión compartida de futuro", y advierte, citando a la presidenta nacional de su entidad, que "marcar el rumbo no es sinónimo de avanzar". Las dos, sin embargo, comparten la urgencia. "Es un derecho y no se está cumpliendo", zanja Oviedo. "El sistema de dependencia va lento y llega tarde —remata Sabín—, y en Asturias aún no hay conciencia de la urgencia". n

Suscríbete para seguir leyendo