El Consejo de la Juventud reclama que las políticas públicas pasen el 'test joven'

Ni invisibles, ni pasotas. La juventud española da un paso al frente para reivindicar su existencia y para exigirle a la comunidad política que cuente más con ellos y ellas. “Queremos más y mejor democracia”, destaca Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE). Con motivo del día internacional de la juventud (que se celebra cada 12 de agosto), el organismo ha pedido al Gobierno y al Parlamento que incorporen el ‘youth test’ ('test joven'), una herramienta impulsada por el Foro Europeo de la Juventud para que, antes de aprobar cualquier ley, los legisladores estudien los posible efectos concretos sobre los jóvenes.

“Las leyes y los decretos, normalmente, van dirigidos al grueso de la población: los adultos. Se elaboran pensando en ellos. Nuestra reivindicación consiste en que los legisladores tengan perspectiva joven, igual que sucede con la de género o la de infancia”, aclara González Henry.

En qué consiste el 'test joven'

El 'test joven' no es un mecanismo para aprobar o suspender leyes. Tampoco otorga al colectivo un posible poder de veto. Es, más bien, un instrumento de evaluación de impacto y de participación que permite detectar consecuencias positivas o negativas antes de aprobar una norma y, si es necesario, modificarla o introducir medidas compensatorias. Es un procedimiento que la Comisión Europea está incorporando a algunas iniciativas. Alemania, Francia, Austria y Bélgica son países pioneros en su aplicación.

La petición del CJE pasa no solo por la incorporación del test joven a todas las políticas públicas (con independencia del ámbito, desde el económico hasta el educativo o el ecológico) sino también por la expresa participación de los jóvenes en la redacción de las leyes que les afectan directamente. “Queremos estar presentes desde el inicio”, matiza la máxima responsable del CJE.

Futura ley de juventud

Así está sucediendo, por ejemplo, con la futura ley de juventud y justicia intergeneracional, un proyecto del Ministerio de Juventud e Infancia en el que el CJE lleva trabajando dos años y que, de momento, sigue sin ver la luz. El texto abarca desde los derechos económicos hasta la salud mental o la participación política. Uno de sus artículos incluiría la aprobación del voto a partir de los 16 años y no los 18, algo que exige la reforma de leyes electores.

“Hemos nacido en democracia y con derechos adquiridos. No hemos vivido sistemas autoritarios. Pero echamos en falta la capacidad real para influir”

Andrea González Henry

— presidenta del Consejo de la Juventud de España

En España, las personas de 16 a 29 años -horquilla oficial de la juventud aprueban por los pelos la democracia: le otorgan un 4,8 sobre 10. Solo el 20% de los que tienen entre 18 y 34 años se declaran satisfechos o bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia. El reciente informe ‘Entre el cuestionamiento y el cambio: discursos de la juventud sobre la democracia en España’ -que cuenta con la colaboración del CJE- vincula esa insatisfacción con la distancia respecto a los partidos y con la sensación de que las instituciones no resuelven los problemas juveniles.

Más del 93% de los jóvenes de 18 a 24 años considera necesario crear nuevas formas de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas

“Hemos nacido en democracia y con derechos adquiridos. No hemos vivido sistemas autoritarios. Pero echamos en falta la capacidad real para influir”, resume la responsable del organismo juvenil. El informe, de hecho, constata que más del 93% de los jóvenes de 18 a 24 años considera necesario crear nuevas formas de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

González Henry insiste en que tener una postura crítica con la democracia no implica necesariamente querer una dictadura. “No es que los jóvenes quieran que Franco regrese. Habrá quien piense así, pero no es la mayoría de la juventud”, afirma con contundencia. En los últimos meses, varios estudios han constatado un giro conservador de la juventud y su desconfianza hacia la democracia. La fundación SM, institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad infantil a través de la educación y la cultura, presentó en abril una encuesta a chicos y chicas de entre 15 y 29 años que demostraba que casi el 56% está de acuerdo con que a veces hace falta mano dura aunque se sacrifiquen libertades. Prácticamente la mitad cree que a veces un régimen autoritario puede permitir una convivencia más pacífica.

Quieren ser escuchados

En opinión del CJE, muchos jóvenes perciben que la política tiene intereses propios y no responde adecuadamente a sus problemas. Además, los partidos concentran excesivamente la capacidad de decisión. Según concluye el informe del CJE, esta crítica lleva a algunos a afirmar que España no funciona como una democracia plena. Es decir, reconocen que existen elecciones, libertades y alternancia, pero cuestionan si la ciudadanía tiene capacidad real para ser escuchada y transformar las decisiones.

La “democracia mejorada” que reclama el CJE pasa por aprobar políticas públicas que consigan cambiar la actual situación de los jóvenes entre los 16 y los 29 años en España: la tasa de emancipación es del 14,5%, alquilar en solitario supone, de media, 98% del salario y el paro supera el 17%.

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