Oviedo, L. Á. VEGA

Un ovetense de 50 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales J. M. G. G., se sienta esta mañana en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo para responder de un delito de corrupción de menores, por el que el fiscal pide cuatro años de cárcel. El acusado, siempre según el escrito de acusación, compartía con otros internautas, a través del programa «eMule», varios archivos con menores de 13 años en escenas sexuales con adultos y otros niños. En las imágenes podía verse a niños de muy corta edad, incluso bebés.

El acusado cayó junto a otras diez personas en la «operación Tabladura» de la Policía judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, que abrió una investigación a raíz de la denuncia presentada por un internauta de la localidad de Tarazona, en marzo de 2008.

El usuario de internet encontró los archivos de pornografía infantil tras descargar lo que él creía que eran partituras de guitarra eléctrica. Al ver que se trataba de escenas con menores, decidió poner los hechos en conocimiento del puesto de la Guardia Civil de Tarazona. La instrucción del caso corrió a cargo del Juzgado de la localidad maña. En enero del año pasado, los agentes de la Benemérita practicaron hasta catorce registros domiciliarios en busca de archivos de pornografía infantil, con nueve detenidos, incluido el ovetense, y otros dos imputados.

Durante la investigación, los equipos de investigación del equipo de mujer-menor (Emume) de la Guardia Civil de Zaragoza llegaron a detectarse hasta 24.651 descargas a escala mundial, de las cuales 1.307 se correspondían con direcciones IP de España, de los que fueron identificados trece. Aparte del detenido en Oviedo, hubo arrestos en Barcelona, Valencia, Burgos, León, La Rioja y Mallorca. Los imputados eran de Córdoba y Pontevedra.

Por lo que se refiere al ovetense, que carece de antecedentes penales, el ministerio público sostiene que compartió los archivos paidófilos hasta en dieciséis ocasiones, a lo largo de tres días, mediante el programa «eMule».

Las imágenes fueron analizadas por la Guardia Civil para determinar si alguno de los menores que aparecían en ellas era de nacionalidad española y descartar que los delitos de agresión sexual se hubiesen registrado en territorio nacional.