Oviedo, L. Á. V.
El fiscal antidroga José Perals mantuvo ayer en la sección tercera de la Audiencia su petición de 23 años de cárcel y 12,2 millones de euros de multa para cinco acusados de blanquear 7 millones de euros procedentes de la venta de hachís. Tres de los acusados ya fueron condenados en julio a penas que suman 10 años (junto a otros tres implicados, a quienes se impuso 8) por introducir en Asturias 160 kilos de hachís. Se trata de Hafid Achaboun, Carlos Jesús Dorado y Saleh Achaboun, que ayer se sentaron junto al supuesto testaferro José Luis González Lubeiro y la mujer de Saleh, Lorena García.
El fiscal les acusa de haber creado un entramado de empresas a través de las cuales pretendían lavar el dinero que obtenían ilícitamente, con la construcción de una quincena de viviendas. El fiscal justificó el inicio de las investigaciones por el desmesurado incremento patrimonial de los implicados. Dorado y Hafid Achaboun adquirieron dos deportivos por importe de 55.000 euros. Además, Perals conectó al grupo con el clan gallego de la droga de los Miranda Velasco.
El fiscal cifró en 1,8 millones de euros las ganancias de Dorado, y en más de un millón las de Lubeiro y Hafid Achaboun. Cifras razonables si se tiene en cuenta que, antes de ser detenidos en enero de 2008, pudieron disponer de mil kilos de hachís, según Perals.
Las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones tras calificar los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en los que se basa el fiscal como «información parcial no avalada por documentos bancarios», según indicaron las letradas Ana García Boto y Florina García. El argumento es similar al que ha servido para absolver a 14 de los 19 acusados del caso «Ballena Blanca» de corrupción.
Pero hay más. García Boto señaló que el tribunal está contaminado, al haber decidido el ingreso en prisión de su defendido (Hafid Achaboun) antes del juicio. Añadió que el presunto blanqueo quedó absorbido en el anterior juicio por tráfico de drogas. Además, estimó que las escuchas se iniciaron cuando aún no se habían agotado los medios de investigación, por lo que deben anularse. Pidió también la nulidad por las traducciones (dos de los acusados hablan rifeño) y la pérdida por los investigadores de una carpeta de su defendido, que incluía documentación con la que hubiese demostrado sus ingresos. Añadió que no hay pruebas de que los ingresos de los acusados procediesen de la droga. Florina García llamó la atención sobre la «cadena de conjeturas» de los informes del SVA. Los informes continuarán el próximo miércoles.
