Oviedo, L. Á. VEGA

Inspectores de Instituciones Penitenciarias acudieron en días pasados a la prisión de Villabona para interrogar a un funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario hace dos semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser esposado. Instituciones Penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar lo ocurrido y comprobar si se han producido responsabilidades disciplinarias.

Es el segundo funcionario que se ve en estas circunstancias en poco tiempo. Otro trabajador, V. A. V., está incurso en un proceso penal a raíz de la muerte, el pasado 11 de noviembre, del recluso Justo P. A. a manos del preso marroquí Josmar B. K., quien le propinó una brutal paliza en el patio del módulo ocho. El funcionario, detenido e imputado por la juez María Luisa Llaneza como instigador de la mortal pelea, está suspendido desde el 17 de noviembre, al haberse detectado «indicios suficientes para considerar que existió falta de responsabilidad disciplinaria en su actuación», según manifestó en su día el director de la prisión, Esteban Suárez. El expediente disciplinario abierto al funcionario está pendiente del resultado del proceso judicial.

Algunos de los presos han asegurado que el funcionario hizo oídos sordos de las peticiones de la víctima para que fuese trasladado a otro módulo. Alguno también indicó que el funcionario avisó incluso al preso marroquí de que estaba en el mismo módulo que Justo P. A., que había participado en su apuñalamiento años atrás.

En el último mes han desfilado por el Juzgado número 4 de Oviedo, que investiga los hechos, una quincena de presos de Villabona, con el fin de determinar si el funcionario instigó el mortal encontronazo. Está previsto que declaren ante la juez María Luisa Llaneza medio centenar de estos reclusos.

El director ha asegurado que el incidente «es un caso aislado» y que la conflictividad es en términos generales «mínima», con porcentajes por debajo de la media en agresiones y suicidios, sin fugas y un porcentaje de no reingreso tras los permisos por debajo del 0,5 por ciento.