Dos de los responsables de una obra en El Berrón (Siero) en la que un trabajador quedó inválido al caer al interior de una nave por un hueco que estaba sin proteger cuando utilizaba una plataforma elevadora móvil han aceptado una pena de un año de prisión antes de la vista oral, prevista para esta mañana.
Los condenados -L.G.A.F., titular de la empresa subcontratada para el cerramiento de las cubiertas con chapas metálicas de la que era empleado el trabajador lesionado, y M.O.V., coordinador de seguridad de la contratista principal- han asumido su responsabilidad en el siniestro y han indemnizado con 525.000 euros al trabajador siniestrado, según ha informado la Fiscalía.
El Ministerio Público ha retirado además la acusación formulada contra otros dos imputados, administradores de la contratista principal de la obra, al entender que no estaban al tanto de la ausencia de medidas de seguridad que propiciaron el siniestro.
El trabajador herido, J.M.M.R., considerado "gran inválido", precisa de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria, está obligado a utilizar una silla de ruedas y ha tenido que adaptar su vivienda y su vehículo a esta situación, además de padecer un trastorno de ansiedad generalizada con importantes componentes depresivos, entre otras alteraciones.
Los hechos se produjeron el 7 de febrero de 2006 cuando J.M.M.R., de 36 años y oficial montador, se encontraba realizando el cerramiento de las cubiertas de un conjunto de naves industriales en construcción, ubicadas en la finca Las Meanas, en El Berrón (Siero).
Cuando se disponía a bajar desde la cubierta, utilizando una plataforma elevadora móvil de personal, se cayó al interior de la nave por un hueco que estaba sin proteger.
A consecuencia de la caída, J. M. M. R. sufrió múltiples lesiones por las que tardó en curar 720 días, de los que 515 tuvo que permanecer hospitalizado y de los que le han quedado varias secuelas, entre ellas, invalidez, y padece además un trastorno de ansiedad generalizada con importantes componentes depresivos.
Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como un delito contra los derechos de los trabajadores e inicialmente pidió una condena de tres años de prisión e inhabilitación especial para cada uno de los cuatro acusados además de indemnizaciones por 870.000 euros.
EFE
