Oviedo, L. Á. VEGA

La fiscalía superior del Principado de Asturias solicita penas que suman 17 años de prisión para un vecino de Gijón, cuya identidad se corresponde con las iniciales J. M. C. A., al que acusa de abusar sexualmente de su sobrina política desde los 11 a los 13 años, cuando esta niña madrileña estaba pasando las vacaciones de verano en la casa familiar en Ibias y también en el domicilio del acusado en Gijón. La fiscalía pide, además, una indemnización de 11.500 euros.

La acusación particular, ejercida por los padres de la menor, también solicita, por su parte, fuertes penas, que ascienden a 19 años de prisión, por los mismos delitos, así como una fuerte indemnización. En este caso, las penas se agravan por la edad de la menor cuando se produjeron los hechos, entre los 11 y los 13 años. El juicio tendrá lugar mañana, miércoles, en la sección segunda de Audiencia Provincial, bajo la presidencia del magistrado Antonio Lanzos Robles.

Los hechos enjuiciados por el tribunal, cuya investigación corrió a cargo del Juzgado de Cangas del Narcea en el año 2010, se produjeron entre 2007 y 2009, en la casa donde la familia estaba pasando las vacaciones. El ministerio público, basándose en la denuncia presentada por la menor y sus padres, sostiene que hubo hasta tres delitos de abusos sexuales, aunque no se produjo una situación de violencia e intimidación, según la defensa.

La defensa del acusado, a cargo de la letrada gijonesa Paula Cienfuegos, solicita la libre absolución del tío de la menor, al considerar que los hechos denunciados no se sostienen y que carecen de la suficiente concreción. Además, la misma letrada considera que los hechos relatados por el fiscal no pudieron producirse, puesto que en la vivienda se encontraba toda la familia y hubiesen sido descubiertos al momento. En cambio, los hechos tardaron en ser denunciados.

En cualquier caso, la defensa del acusado considera excesivas las solicitudes de prisión tanto del ministerio público como de la acusación particular, y poco acordes al verdadero alcance de los hechos denunciados, si éstos finalmente se demuestran. La acusación particular, a cargo de los padres de la menor, bajo la dirección letrada del abogado madrileño Lucas Fernández, aportará como prueba los informes de una psiquiatra, que, a su modo de ver, demuestran que la menor sufrió los abusos. Al juicio han sido convocados un total de once testigos, así como cuatro peritos forenses y psiquiátricos.

Con el fin de preservar la intimidad de la víctima, que ahora tiene 16 años de edad, la vista del juicio se celebrará a puerta cerrada, y tan sólo en presencia de los padres de la menor. Previsiblemente, se habilitará una mampara para evitar que la adolescente y el presunto agresor puedan verse, lo que podría interferir en la declaración de la joven.