Oviedo, F. VALLINA
Los peritos forenses y psiquiátricos aseguraron ayer durante el juicio que existen pruebas suficientes como para certificar que un vecino de Gijón abusó sexualmente de su sobrina política desde los 11 a los 13 años, cuando la niña, que es madrileña, estaba pasando las vacaciones de verano en una casa que la familia tiene en un pueblo asturiano y también en el domicilio del acusado. El juicio -que se celebró a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial- quedó visto para sentencia y el fiscal, que elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, sigue pidiendo para el acusado penas que suman 17 años de prisión y una indemnización de 11.500 euros. Los hechos enjuiciados por el tribunal, cuya investigación corrió a cargo del Juzgado de Cangas del Narcea en el año 2010, se produjeron entre 2007 y 2009.
La acusación particular -a cargo de los padres de la menor y bajo la dirección letrada del abogado madrileño Lucas Fernández- también elevó a definitivas sus conclusiones y pide penas que ascienden a 19 años de prisión, así como una fuerte indemnización. La defensa solicitó la libre absolución.
