La Policía ha desarticulado, con la detención de 36 personas, una organización criminal que explotaba a 400 mujeres en seis macroprostíbulos de Andalucía en los que había cajeros automáticos y en los que las jóvenes firmaban «contratos» en los que se incluían multas por descansar o librar sin permiso. En la operación, la Policía Nacional ha inmovilizado por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes cuyo valor estimado supera los catorce millones de euros.
A los 36 detenidos -en su mayoría de nacionalidad española y que quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial- se les imputan los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores. Las víctimas de la red eran en su mayoría mujeres de origen sudamericano, aunque algunas procedían de Europa del Este. En algunos casos estaban en España en situación irregular y en otros contaban con toda la documentación. Los macroprostíbulos -localizados en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva- generaban cada uno de ellos unas ganancias anuales de 1.250.000 euros, según el jefe de la sección operativa de la unidad central de redes de inmigración ilegal y falsedades documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.
Parte de este beneficio lo obtenían de las comisiones que cobraban a los clientes por el uso de cajeros automáticos y de otros medios telemáticos que ponían a su disposición para facilitar el gasto. Para sacar el máximo rendimiento de las mujeres, los detenidos las obligaban supuestamente a firmar «contratos» en los que se establecían multas por descansar sin permiso (50 euros) o abandonar el club sin autorización (150 euros).
