Han tenido que producirse ocho muertes para que saltara a la luz pública que una residencia de ancianos de Zaragoza operaba de manera ilegal al no contar con la pertinente licencia de actividad. No parece de recibo que durante años estuviese funcionando fuera de todo control, sin que nadie diera la voz de alarma, sobre todo si tenemos en cuenta la importantísima función social que cumple este tipo de instituciones y el sensible material humano que acogen.
Resulta por demás escandaloso que una residencia de ancianos pueda estar funcionando durante años sin la preceptiva licencia. Que además la Administración competente tenga constancia de serias deficiencias de mantenimiento e higiénico-sanitarias desde mucho tiempo atrás y no haga nada al respecto, tan solo abrir un expediente, ya es algo más que patético. Si no hubiera habido un incendio, la cosa habría seguido en el anonimato. Pero que, cuando hay ocho muertos sobre la mesa, la consejera de turno justifique esta situación con la burocracia administrativa es, cuando menos, poco responsable.
Las personas en situación de dependencia llevan mucho tiempo oyendo palabras bonitas... Mientras tanto, los ancianos más frágiles y vulnerables siguen padeciendo en sus carnes el cinismo de unos políticos que con la boca proclaman que este colectivo es prioritario. Mas los hechos no son así.
¿Y qué decir de la indolencia de una sociedad que lo tolera? Hay dinero para salvar la industria automovilística, hay dinero para cambiar rótulos de calles y plazas por cuestiones de ideología política, hay dinero para tantas cosas, pero no lo hay para garantizar a nuestros mayores una atención geriátrica especializada y de calidad.
Ciertamente, las leyes están para cumplirse, y también la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Por dignidad, por justicia social solamente... No, este problema de Zaragoza no es de recibo.
