Cuando la Policía desarticuló a los "Mercheros" de la comarca del Nalón en julio de 2010, estaba convencida de que este clan de traficantes distribuía el 90 por ciento de la heroína y el 70 por ciento de la cocaína que se consumía en Asturias. Además, ligaban a los detenidos -vecinos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Oviedo y Gijón- con un alijo de 263 kilos de coca incautado en Guadalajara y que en gran parte iba a terminar en la región. Los resultados de la "operación Candil" fueron más bien magros: 2,1 kilos de heroína, casi 400 gramos de coca, casi un kilo de hachís y pequeñas cantidades de psicotrópicos, cristal, éxtasis y ketamina, así como 33.000 euros en efectivo, varias armas y munición.

Para los quince implicados en aquella operación -hubo 19 detenidos-, el fiscal pide penas que suman 87 años y medio de cárcel, así como multas por importe de millón y medio de euros. El juicio se inició en la mañana de ayer en la sección segunda de la Audiencia con las cuestiones previas. Al menos tres acusados se negaron a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, mientras que el resto avanzó en un pacto de penas de unos dos años y medio, por dilaciones indebidas.

Las cuestiones previas se centraron sobre todo en las escuchas telefónicas, que se consideran no fundamentadas, prospectivas y por tanto ilegales. Las defensas sostienen que la investigación se abrió solo por las relaciones de los acusados con otras pesquisas de los noventa y la década siguiente, y no en evidencias. Además, a varios de los implicados se los acusa de formar un grupo criminal, un tipo delictivo que no existía cuando se produjeron las detenciones. También se aducen dilaciones indebidas, que son palmarias en este caso. Y es que la primera orden para las escuchas data del 27 de octubre de 2009, el fiscal no calificó hasta 2013 y la apertura de juicio oral no se produjo hasta 2015.

El clan de los "Mercheros" (formado por miembros de los Morejón, Cerezo de la Cruz, Rodríguez Blanco y Nieto Valdés) se hizo famoso en los 90, cuando fueron juzgados en el primer macrojuicio de la región por tráfico de drogas. Recibieron penas de 151 años, pero el Supremo obligó a repetir el juicio y éstas se redujeron. Al clan, uno de los más problemáticos, con conexiones en Castilla y León, se le investigó por varios tiroteos. Están defendidos por Ana García Boto, Ricardo Álvarez Buylla, Luis Tuero, José Carlos Botas y Carlos Hernández Fierro, entre otros. La vista continúa esta mañana con las declaraciones de los acusados.