18 de abril de 2017
18.04.2017

Un ex jefe de servicio de Emigración en Ceuta, condenado por inmigración ilegal en Oviedo

Román P. C., que montó una red para introducir marroquíes, acepta seis meses de prisión

18.04.2017 | 11:35
Román P. C. sale de la Audiencia Provincial.

Román P. C., que fue funcionario de la Seguridad Social en la Delegación del Gobierno en Asturias, ha aceptado esta mañana seis meses de prisión en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, por un delito de inmigración ilegal. El acusado montó una red con varios vecinos de Colloto para solicitar falsos permisos de trabajo para marroquíes, unos hechos que se descubrieron a principios de 2006. El ahora condenado no dudó en involucrar a su mujer, su hija y su yerno, también condenados. Durante la larga instrucción de este caso, que no se ha juzgado hasta 11 años después de la apertura de las investigaciones por el Juzgado número 1 de Oviedo, Román P. C., defendido por el letrado Ricardo González, adujo que era adicto a la cocaína.

Finalmente, esta mañana ha acetado seis meses de cárcel, "para no correr ningún riesgo", pero una de las líneas argumentales de su defensa es que, tras la apertura de las investigaciones en Oviedo, a Román P. C. se le nombró jefe de servicio de Emigración en la Delegación del Gobierno de Ceuta, un puesto en el que estuvo cinco años. Ahora está jubilado y reside en Gijón. Las otras diez personas implicadas en la red de inmigración ilegal aceptaron una pena de multa de tres meses, a razón de seis euros diarios, 540 euros en total. La fiscal del caso, Adoración Peñín, aceptó rebajar las penas solicitadas (cuatro años en el caso del funcionario, dos años en el caso de los demás acusados) en atención a las dilaciones indebidas del caso.

Durante la investigación no se logró demostrar que tanto el funcionario como las diez personas a las que involucró en su red cobrasen dinero por traer de forma fraudulenta a los marroquíes. Tampoco pudo incriminarse a ningún otro funcionario de la Delegación del Gobierno. Los permisos de trabajo se tramitaban en la sección de Extranjería.

El letrado Ricardo González lamentó que este caso se haya demorado tanto. "Una justicia que se dilata desde enero de 2006 hasta abril de 2017 no puede llamarse justicia. Urge que se tomen medidas legislativas para que las sentencias se dicten en un plazo razonable. No puede someterse a esta tortura a una persona, por muy culpable que sea", ha indicado el letrado.

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