La fiscal ha rebajado de siete años y medio a dos años la pena de prisión que solicita para R. S. F., vecina de Candás que en la madrugada del pasado 26 de diciembre asestó una puñalada en el costado izquierdo a quien entonces era su pareja sentimental. La fiscalía cambió su decisión tras la declaración de la acusada y de los testigos en el juicio que se celebró ayer en Gijón, en la sección octava de la Audiencia Provincial. Su expareja sentimental y víctima de la puñalada declaró que "para mí fue un accidente". La acusada declaró por su parte que llamó a emergencias en cuanto vio brotar la sangre de su expareja y que nunca tuvo la intención de causarle la muerte.

La fiscalía, inicialmente calificaba los hechos como tentativa de homicidio. En sus conclusiones definitivas, sin embargo, modificó ese criterio para calificar el delito como de lesiones.

La defensa, ejercida por el abogado José Carlos Botas, mostró conformidad con la nueva calificación de la fiscalía, que también pidió suspender la ejecución de la pena, lo que supone que la acusada no entrará en prisión en el probable caso de que la sentencia condenatoria coincida con lo solicitado por la fiscalía y asumido por la defensa.

Los hechos se produjeron hacia las siete menos cuarto de la madrugada del 26 de diciembre de 2016, tras una fuerte discusión de la pareja en el domicilio de ambos. La mujer cogió un cuchillo de grandes dimensiones y se lo clavó en el costado izquierdo al hombre. El informe de los forenses señala que la herida no puso en riesgo la vida de la víctima por la profundidad de la misma.

Fue la propia R. S. F. quien llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Al domicilio acudieron una unidad médica, policías locales y guardias civiles. La mujer indicó a los agentes que había sido ella la causante de la lesión, dado que quien entonces era su pareja se había puesto agresivo y ella se defendió, según relató ayer la agente local de Candás que llegó en primer lugar a la casa en la que se produjo la agresión.

Antes de la celebración del juicio, R. S. F. ya había indemnizado con 1.200 euros a su expareja, cuyas lesiones tardaron 45 días en curar y a quien le ha quedado una cicatriz como secuela. Para modificar la calificación del delito, la fiscalía tuvo en cuenta que fue la propia acusada la que llamó a los servicios de emergencia, lo que muestra su intención de evitar el resultado dañoso para el apuñalado. La fiscalía también solicitó que la acusada pague los gastos médicos, que ascendieron a 268,78 euros.

Por otra parte, la víctima del apuñalamiento, M. M. H., fue detenido en Candás en la madrugada del pasado domingo acusado de un delito contra la seguridad vial.