La pesadilla duró varios años, en los que una joven asturiana se vio obligada a prostituirse e incluso a abortar para saldar una supuesta deuda creyéndose amenazada por una banda criminal del Este, por lo que vivía atemorizada. Pero en realidad quienes la extorsionaban, hasta hacerle entregar más de 500.000 euros y perder su piso, y la obligaron a ejercer la prostitución fueron una amiga y su expareja.

La "operación Trasgu" la desarrollaron agentes de la Policía Nacional de las brigadas de Extranjería y Fronteras de Asturias y Baleares. Según el relato policial, la víctima vivía y trabajaba en Palma de Mallorca en 2009, donde conoció a una joven de la que se hizo muy amiga. Poco después se vio envuelta en un asunto de pequeñas estafas en el que no tenía nada que ver, pero empezó a recibir amenazas por Whatsapp de una persona que se identificaba como Vladimir, miembro de una banda criminal de Europa del Este que le exigía pagos constantes para que no se viera encausada por esas estafas y otros delitos.

Su amiga, a través de diferentes chats, la puso en contacto con supuestos abogados que le recomendaban pagar, asegurándole que ellos lo solucionarían todo. Pero cada vez se le exigía más dinero, hasta el punto de que la joven tuvo que buscar un segundo trabajo para pagar los chantajes.

Desesperada, la joven decidió regresar a Asturias pensando que así se olvidarían de ella. Pero fue sólo un espejismo. Las amenazas llegaron a tal punto que llegó a entregar los ahorros de sus abuelos y de una tía por un importe superior a los 100.000 euros. Además, al no poder pagar la hipoteca, también perdió su piso.

A primeros de 2013, al no tener fuentes de ingreso y recibir graves amenazas contra ella y su familia, los extorsionadores le exigieron que se prostituyera para pagar, y le recomendaron consumir droga para hacer más llevadero ese trabajo. Desde entonces, no sólo era amenazada, sino que debía informar continuamente de dónde estaba, qué hacía, qué ropa se ponía y hacer transferencias bancarias periódicas.

Finalmente la joven contó su historia en una ONG, y así llegó a la Policía. La extorsión superó los 500.000 euros.