Un año después de que María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM, recibiera dos balazos en la cabeza en el lavadero del negocio familiar de automoción que regentaba el marido de su hija pequeña, y al que había ido a recoger su coche, continúan sin aclararse las principales incógnitas de una instrucción sustentada en gran parte en indicios, pero que no ha sido capaz de aportar pruebas directas que inculpen al único detenido por este crimen.

Unas conjeturas que la Policía cifra en más de una veintena y en las que se apoyó el magistrado José Luis de la Fuente para ordenar la detención de Miguel López dos meses después del asesinato como autor material e intelectual de mismo. Al arresto le siguieron 39 días en la prisión de Fontcalent de la que salió tras abonar una fianza de 150.000 euros y con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y la prohibición tanto de salir de España como de acercarse a Novocar. Un negocio en el que fue relevado por los cuatro hermanos Sala Martínez -entre ellos su mujer- y que hoy es ya historia.

Con el sospechoso en la calle, y tras el impulso inicial que se dio a un caso con todos los requisitos para atraer una atención mediática sin precedentes, la instrucción entró en un impasse que un juez no excesivamente proactivo rompió hace poco más de un mes al dar cinco días para que las partes pidieran las diligencias que consideraran necesarias antes de poner fin a la investigación.

Un plazo que la defensa de Miguel López, el letrado Javier Sánchez-Vera, ha aprovechado para solicitar nuevas pruebas entre las que destaca, por lo inusual, la práctica de una segunda autopsia a la víctima, pero sobre las imágenes que se tomaron durante la primera. La diligencia, acordada por el juez, está recurrida por Francisco Ruiz Marco, letrado de la acusación particular ejercida por el hijo mayor de la víctima, Vicente Sala.

A la espera de que los investigadores accedan al contenido de los aparatos electrónicos intervenidos al sospechoso el día de su detención (donde hay datos que aparecen encriptados y otros borrados), los resultados de las pruebas de ADN y los de las herramientas localizadas en su casa (con las que, según la Policía, manipuló la munición), han caído a su favor. Ninguno de los restos biológicos (en una mano de la víctima y en los vainas de los proyectiles) coinciden con los de López. Los útiles hallados en su domicilio no coinciden con las muescas de las vainas.

Para mediados de mes están citados ante el magistrado los peritos que, a instancia de la defensa, aseguran en un informe que desde el móvil de la víctima se realizaron y recibieron llamadas tras su muerte y que se usó el Whatsapp cuando, según la autopsia, agonizaba. Pendiente está el análisis de unas huellas dactilares en el exterior del coche (y que la Policía atribuye sin duda alguna a la fallecida) y la declaración de una asesora de la empresa familiar. Mientras, las relaciones entre el primogénito y sus hermanas son prácticamente inexistentes salpicadas de demandas cruzadas por el control del grupo empresarial.