El Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante en diciembre de 2016 a una mujer que aprovechó su cargo como directora de una residencia geriátrica para quedarse con el dinero obtenido de la venta de parcelas de uno de los residentes, parte del cual utilizó para comprar un Jaguar.
María Ignacia I. B., entonces directora de una residencia de ancianos de Torrevieja, utilizó la confianza otorgada por uno de los residentes, Pablo Anselmo F. O., para otros fines a los previstos. Según la sentencia, Pablo Anselmo formalizó en el año 2003 ante notario una escritura de poder general a favor de la directora de la residencia -que dejó el cargo en 2008- con la facultad, entre otras, de administrar bienes muebles e inmuebles y disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar toda clase de bienes.
La acusada utilizó el poder conferido y "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", recalca la resolución, vendió tres parcelas por 54.000 euros quedándose con esta cantidad obtenida. De hecho, con "36.000 y pico" euros, tal y como declaró María Ignacia I. B., adquirió un Jaguar. Meses después, la acusada vendió otro terreno. Metió el dinero en una cuenta conjunta con el anciano y cuando éste murió, se lo quedó todo. María Ignacia decía que el anciano "no quería dejar nada a sus hijos".
