Lograr la inimputabilidad o rebajar "un par de grados" la pena alegando retraso mental es la principal vía que explorará el abogado de la presunta homicida de Lugones, José Luis Álvarez Niño, del turno de oficio, en su defensa. Y es que en los primeros informes que ha podido recabar el letrado, ha encontrado que Ana María García Hevia, la supuesta autora del asesinato a puñaladas de Miguel Ángel Suárez Menéndez "Míchel" en la madrugada del pasado 17 de julio, ésta padece una discapacidad del 69 por ciento. No obstante, el abogado tiene previsto recabar más informes para sustentar la defensa.

Desde un primer momento, la madre de la supuesta homicida, en prisión provisional a la espera de juicio, alegó que su hija padecía un retraso mental. Sin embargo, aseguraba no tener localizados los documentos que así lo atestiguaban, que hizo llegar al abogado defensor días después. El propio letrado asegura que estos documentos, redactados en 2009, corroboran que tiene "una minusvalía del 69% por retraso mental". También ha solicitado a Bienestar y Salud Mental todos los informes y el historial médico de su defendida. Una vez disponga de todos estos datos, pedirá al forense que le practique un informe psiquiátrico. Además, el letrado afirma que también requerirá informes al Centro Penitenciario de Asturias, "donde estuvo recluida durante cinco años", para ver si hay algún dato de interés. "El informe que habla del retraso mental es de 2009. No sabemos si desde entonces ha estado a tratamiento o si tiene algo más", explica Álvarez Niño.

Según la autopsia, José Luis Álvarez falleció por pérdida de sangre a causa de las 35 puñaladas que supuestamente le asestó García, en ese momento su pareja. El informe sostiene que los hechos tuvieron lugar en torno a las 24.00 horas del 17 de julio; si bien, la familia de García no avisó al 112 hasta casi tres horas después. Además, en su llamada dijeron a los Servicios de Emergencia que se trataba un caso de intento de suicidio. Esta circunstancia hace que la Policía sospeche que la escena del crimen pudo ser alterada por García o su familia, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Por este motivo, días después del crimen agentes de la Policía Nacional volvieron al lugar de los hechos, una vivienda del número 6 de la calle Río Sella de Lugones, para buscar más pruebas y tomar huellas a los padres de la presunta autora de los hechos.

Lo que aún no se conoce, según indica el abogado defensor de la presunta homicida, es el análisis toxicológico de la víctima. Según ha podido saber este periódico, la supuesta autora del crimen sí había consumido cannabis antes de los hechos.