Fue uno de los últimos casos defendidos por el fiscal Alejandro Cabaleiro antes de marcharse a la Fiscalía Anticorrupción. Pretendía una condena ejemplar y es la que ha dictado la sección tercera de la Audiencia Provincial, que ha impuesto tres años y cinco meses de cárcel al quirosano Delfín G. L., de 41 años, por causar un pavoroso incendio junto al embalse de Grandas de Salime el 20 abril de 2017. Se trata de la mayor condena a un incendiario en Asturias, aunque el ponente de la sentencia, el magistrado presidente de la sección, Javier Domínguez Begega, indica en la misma que podría haber sido superior, dada la gravedad de los hechos.

El autor de este delito ambiental no contaba con la presencia de un testigo que avisó a los servicios de emergencia y llegó a captarle con el móvil mientras trabajaba en una torre de alta tensión en una ladera frente al lugar donde se inició el fuego. A pesar del temprano aviso, el fuego no pudo ser controlado hasta cuatro días después, tras quemar 590 hectáreas de bosque. El testigo dio la descripción de la persona que había visto salir de la espesura en el momento del inicio del fuego, así como el vehículo que conducía, en el que los agentes de la Guardia Civil encontraron luego un spray de gas y un encendedor, con los que se supone que se produjo la ignición del incendio.

El fallo descarta las alternativas que planteó la pericial de la defensa, esto es, que el fuego hubiese sido causado de forma accidental, o por discrepancias vecinales o cinegéticas o incluso por efecto de los cables de alta tensión que había en la zona. La sentencia se apoya en los informes tanto policiales como de las Brigadas de Investigación de Incendios. Otro punto en contra del ahora condenado fue que negó ante la Guardia Civil haber estado en el punto en el que se inició el fuego, el mirador del embalse, en Buspol. Luego, al conocer que había un testigo, admitió que había estado allí. Con él estaba la novia del acusado, que en el juicio negó que fuese su pareja la causante del incendio. Esta negación de lo evidente motiva que la Audiencia ordene proceder contra ella por falso testimonio.

Aparte de la pena de cárcel, el tribunal impone al acusado el pago de una multa de 10.800 euros, así como el pago de una indemnización de 1,6 millones por los daños causados y los gastos de extinción. El acusado sopesa recurrir la sentencia.