La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a una pena de diez años de prisión al pontevedrés Moisés Amorín González, de 27 años, por violar y golpear a una joven asturiana que se había desplazado a la localidad de Tuy (Pontevedra) para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su novio. El tribunal considera el testimonio de la denunciante como coherente, creíble sin fisuras ni contradicciones, y desecha la versión del acusado, según la cual, incriminándole, la joven solo pretendería evitar que su novio se enterara de que habían tenido relaciones sexuales en los baños del local donde se conocieron, una cafetería de O Porriño.

El juicio contó además con un testigo que observó, la madrugada que ocurrieron los hechos -el 14 de abril de 2017-, cómo el acusado perseguía corriendo a la joven, después de que esta hubiese escapado del coche en el que se produjo la agresión sexual, que, por otro lado, fue especialmente violenta, a tenor de las lesiones que presentaba la víctima. Para poder zafarse de su perseguidor, la joven tuvo que meterse en una laguna natural, desde la que llamó a los servicios de emergencia. La Guardia Civil la encontró poco después, a las nueve de la mañana, completamente mojada y con diversas lesiones, de las que no se curó hasta pasados tres meses. Detenido poco después, el acusado tenía lesiones en uno de sus nudillos, compatibles con los golpes que la víctima refiere que recibió de forma continua en la cabeza para que dejara de oponerse a la agresión sexual. Los magistrados aprecian la agravante de aprovechamiento de lugar, dado que el acusado, prevaliéndose de que la víctima había consumido alcohol, la llevó a un descampado, donde no podía recibir ayuda alguna.

La joven, que contrató los servicios del penalista asturiano José Manuel Fernández González para la defensa de sus intereses en el juicio celebrado el pasado 26 de febrero, recibirá una indemnización de 20.000 euros por las lesiones y las secuelas que sufre, estrés postraumático grave, acreditado por los médicos forenses. Aparte de la condena de diez años de cárcel, la sentencia también impone al acusado la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por espacio de diez años.