Un hombre de 90 años se enfrenta a una solicitud de condena de 4 años de cárcel y la retirada del carné de conducir por atropellar en La Guardia (Pontevedra) a un pelotón de ciclistas, del que fallecieron dos y siete resultaron heridos graves. Pero la responsabilidad civil cobra especial importancia en este caso por su cuantía y circunstancias. La Fiscalía demanda que el conductor y la compañía aseguradora abonen de forma conjunta, directa y solidaria cuantías que suman más de 2,3 millones de euros, cantidad de la que habrá que deducir los pagos ya realizados por el seguro y cobrados por los perjudicados. Esta cifra no incluye lo que corresponde a la familia de uno de los fallecidos y a uno de los heridos, que ya fueron totalmente indemnizados.

La Fiscalía acusa al automovilista, Manuel B.A.L., de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros siete de lesiones también por imprudencia grave.

El siniestro ocurrió en la mañana del 12 de marzo de 2016. Era un sábado. La acusación pública relata que el automovilista iba al volante de su todoterreno cuando, "en un plano recto y con excelentes condiciones para la conducción", se encontró con un grupo de 14 ciclistas que "circulaban correctamente en columna de a dos y en su misma dirección".

El fiscal prosigue que por conducir "de forma distraída y sin prestar la obligada atención", además de por "sobrepasar la velocidad máxima permitida", el automovilista "arremetió violentamente" contra el pelotón "sin realizar ninguna maniobra evasiva de frenado o de cambio de dirección", arrollando así a 12 de esos deportistas. Dos de los ciclistas, José Antonio Casás Pérez, Ñito, y Diego Freiría Fernández, murieron. Otros nueve resultaron heridos.

La aseguradora presentó oferta de indemnización y consignó judicialmente para 9 de los perjudicados cuantías que en global suman 487.284 euros, que, mediante auto, el juzgado acordó que no era ni oferta motivada ni suficiente. De hecho, la cifra está muy lejos de la que el fiscal reclama en su escrito para los ciclistas. Esa cantidad asciende a 2.335.390 euros. En ella se incluyen los algo más de 437.000 euros que demanda para la familia del ciclista fallecido.