Doce acusados, un siglo de prisión en juego y relatos propios de las series sobre narcotraficantes que tan de moda están. La Audiencia Provincial de Asturias juzga a partir de hoy una de las mayores tramas de narcotráfico de la región en los últimos tiempos, dirigida desde Carraspientes (Mieres) por J. A. P. F., quien -según la Fiscalía y a tenor de la investigación desarrollada por la Guardia Civil que derivó en la denominada "operación Petra"- tomaba "decisiones principales" sobre la adquisición y distribución de estupefacientes, que realizaba en Oviedo y en una vivienda de la localidad mierense. En la misma se "cocían" los negocios con la droga: allí se encontraba con proveedores y allí se producía la entrega de estupefacientes. Era una casa de "difícil acceso y vigilancia", desde donde se orquestó toda una trama de narcotráfico.

Evidentemente, las cifras son muy lejanas a las que se mueven al otro lado del charco, pero la red destapada -y enjuiciada ahora, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA- adquirió tintes de realidad novelada o ficción realista. La Guardia Civil, tras iniciar una ardua investigación, intervino en el momento en el que se iba a producir un "pase" de más de siete kilos de cocaína procedentes de Galicia. J. A. P. F. había estrechado vínculos con el narco gallego. Todo junto a sus presuntos secuaces, también acusados por la Fiscalía: su hombre de mayor confianza, de Llanera y quien negociaba las mercancías bajo sus órdenes; un gijonés que recibía droga para su distribución, y otros dos encausados que se dedicaban al "menudeo".

En la intervención durante el citado pase los agentes desarticularon también la parte gallega de la trama, que incluye a viejos conocidos del narcotráfico, como el empresario arosano Francisco Javier Meis y el excabo de la Armada Javier González Bouzada. Dos de sus integrantes viajaban rumbo a Asturias con la mercancía -siete paquetes de cocaína ocultos- en un coche Saab y otros dos lo hacían en otro automóvil que ejercía "de lanzadera", un Renault Mégane. En el primero iba el cabecilla -al que, según la investigación, se referían los demás como "el jefe"- junto al hombre encargado de los transportes en la banda. En el "coche lanzadera" viajaban el "hombre de confianza" de "el jefe" y el intermediario con la trama asturiana, que normalmente tenía los contactos con el "número dos" del "capo" de Carraspientes, así como con el traficante ubicado en Gijón.

El día en el que se intervino el pase de droga, el 11 de octubre de 2015, la Guardia Civil efectuó simultáneamente las intervenciones en las residencias de los integrantes de la banda asturiana. Siempre según el relato de la Fiscalía, J. A. P. F. trató de huir junto a su hombre de confianza. Lo hizo en un Ford Focus, en el que fueron interceptados portando, entre otros objetos, una máquina de contar dinero. Huyeron llevando una pistola semiautomática "sin marca ni modelo ni número de identificación" y del calibre 635, para la que carecían de licencia. Igualmente cogieron seis móviles, un hacha y anotaciones manuscritas sobre sus negocios ilícitos. Y algo más: una bolsa con 245.900 euros que enterraron a 400 metros de la vivienda. Todo ello incautado por la Guardia Civil.

En la operación también cayó otra "pata" de la trama de narcotráfico. El cabecilla mierense había diversificado sus fuentes de suministro, trayendo también droga desde Madrid, donde contactó con proveedores gracias a la intermediación de un colombiano residente en Oviedo, J. A. M. R. Juntos viajaron a Leganés en busca de contactos e hicieron, según la investigación, viajes con la droga. A ello hay que sumar otro asturiano que concretó con el jefe de la banda envíos de hachís desde Madrid. De hecho, durante los registros encontraron hachís y dinero metálico en el trastero del padre de uno de los acusados. Todos ellos se sentarán hoy en el banquillo ante el juez. Sus defensas correrán a cargo de los abogados José Carlos Botas, José Manuel Fernández González, Judith Gómez, Ricardo Álvarez Buylla y Ricardo Fernández, entre otros.

La Fiscalía aprecia delitos contra la salud pública por narcotráfico, así como tenencia ilícita de armas en algunos casos y pertenencia a grupo criminal en casi todos. Solicita penas de cárcel para los doce acusados que oscilan entre los tres y los trece años: todas suman 99 años y medio. La condena más elevada requerida es para el "capo" mierense de la red asturiana de narcotráfico, mientras que para "el jefe" de la banda gallega solicitan diez años y medio. Si se produce la condena, en la mayoría de los casos habrá que descontar el tiempo que llevan en prisión preventiva unos delincuentes que, en contacto con el narcotráfico gallego, quisieron montar desde Mieres su "pequeño Medellín" asturiano.