La Fiscalía mantuvo ayer las solicitudes de casi cien años de prisión para los ocho acusados de integrar una red de narcotraficantes asturgalaicos que operaban desde Carraspientes (Mieres) y que fueron sorprendidos con más de siete kilos de cocaína, además de incautar armas, coches y una bolsa con 245.900 euros que enterraron a 400 metros de una vivienda de la localidad mierense. Las defensas de los principales encausados negaron que exista ninguna red organizada, por lo que reclaman la libre absolución de sus representados. Aceptan subsidiariamente delitos de tráfico de drogas, pero con las eximentes de toxicomanía y dilación indebida, para rebajar sus condenas.

Una jornada más, parte de las exposiciones se centraron, tanto por parte de la fiscal como de los letrados, en si las escuchas telefónicas fueron legales y en la falta de algunas pruebas que no se presentaron a los abogados de las defensas.

La fiscal entiende que con las escuchas telefónicas que se pudieron oír ayer en la sala, las declaraciones de los agentes que participaron en la "operación Petra" y las documentales, está demostrado que es "un grupo criminal". También señaló que la toxicomanía que padecen es insuficiente para rebajar de grado la condena solicitada. "Ninguno tiene anomalía ni trastorno psíquico provocado por las drogas", señaló el ministerio público.

La defensa del principal encausado, J. A. P., negó que existiera un grupo criminal, y añadió que el arma que le encontraron era de su padre, que falleció en 2015. El letrado de J. P. F. se esforzó en demostrar que no era el lugarteniente de J. A. P., sino "el machaca", "el recadero". El abogado de D. C. remarcó que su representado no era el jefe del "clan gallego", y señaló que no se le puede identificar como tal en las conversaciones telefónicas, y que además ni siquiera realizó los viajes identificados por la Guardia Civil.