Dos años de prisión y el pago de una indemnización de 110.000 euros. Es la pena impuesta a la apoderada de un grupo integrado por varias empresas de transportes de Asturias tras un acuerdo entre las diferentes partes del litigio. La acusada reconoció así que desvió fondos de la sociedad para su patrimonio personal y la realización de viajes por todo el mundo para ella y sus familiares, al menos entre los años 2007 y 2010. Inicialmente, antes del acuerdo, pedían para ella una pena de hasta seis años de cárcel.

La acusada empezó a trabajar en el grupo en 1975 y, "a través de la confianza que el fundador había depositado en ella", ostentaba desde 2003 los cargos de directora general, jefa de administración y finanzas y apoderada. En 2011 una auditoría externa comprobó que la acusada, "abusando de sus funciones", hizo uso de dinero del grupo societario para su disfrute particular, el de su familia y terceros. Uno de los sistemas que usaba consistía en comprar tarjetas regalo de El Corte Inglés durante todo el año para sus gastos personales y cancelar o reducir el saldo de su cuenta de crédito personal en número mayor a las autorizadas por la empresa, que solo las adquiría en Navidad para obsequiar a clientes y proveedores.