Tijeretazo al mayor juicio por tráfico de drogas en Asturias de los últimos 15 años. La Fiscalía antidroga y las defensas pactaron ayer rebajas de condena para 36 de los 38 acusados en la operación "Mortero Pipe", desarrollada en las Cuencas en diciembre de 2014, en la gran mayoría de los casos a cambio de que los procesados se sometan o sigan tratamientos de desintoxicación. Uno de los abogados defensores incluso consiguió que se retirasen los cargos contra su cliente.

Las negociación entre la Fiscalía y los abogados de la defensa, que duró cerca de tres horas en la sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en la mañana de ayer, dio sus frutos. El trajín de idas y venidas de abogados, con la inmensa mayoría de los encausados siguiendo las evoluciones en los pasillos anejos, para negociar con la Fiscalía se tradujo a primera hora de la tarde en un gran pacto. Al final no habrá juicio por tráfico de drogas a ninguno de los procesados, ya que todos acordaron reducciones importantes de la pena por venta de drogas. Pero la vista se reanudará el próximo martes para juzgar al que estaba considerado como presunto cabecilla de la trama, J. J. A. y su hermana, M. L. A., por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales, por el que la Fiscalía pide condenas de 4 años de prisión.

El ministerio público rebajó las peticiones iniciales de condena, que oscilaban entre los 4 y los 12 años de prisión, a cambio, en la mayoría de los casos, de que los implicados inicien o sigan con los tratamientos de desintoxicación. La Guardia Civil había intervenido a varios pequeñas sustancias mientras que alguno figuraba en el sumario por mera referencia de otros acusados. Este fue el caso de uno de los vecinos de Lena, que ayer se abrazaba a su abogado, Ernesto Tuñón, porque la Fiscalía acababa de aceptar la retirada de todos los cargos que pesaban sobre él. "Sabía que era inocente", comentaba el recién "absuelto" en presencia de su abogado, al otro lado de la puerta donde la Fiscalía acababa de aceptar la única retirada total de cargos de la mañana. Una valoración compartida por su letrado. "El atestado era confuso en la identificación y yo en este caso ni siquiera aceptaba una rebaja importante: era no o no. No le habían cogido con nada", afirmaba Tuñón, para cuyo cliente la acusación público pedía inicialmente una condena de 4 años y tres meses de prisión.

El supuesto cabecilla sí reconoció una pena de 3 años y tres meses de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a a grupo criminal organizado, por lo que finalmente únicamente será juzgado por blanqueo, una acusación que su abogado rechaza de plano con el argumento de que el dinero intervenido en la operación era de una empresa de limpieza suya y lo había retirado del banco poco antes.