Una mujer deberá responder mañana ante el juez de la acusación de impedir la ejecución de un embargo judicial ordenado para que devolviera más de 110.000 euros a las hijas de su pareja, fallecida, fruto de una donación de un plan de pensiones que las autoridades judiciales anularon en su día. La Fiscalía considera que ha incurrido en un delito de "frustración de la ejecución" y pide para ella dos años y seis meses de prisión.

La vista oral del juicio tendrá lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. La historia que se relata en el procedimiento judicial y que da por buena la Fiscalía es que la mujer mantenía una relación afectiva de pareja con un hombre que era titular en exclusiva de un plan de pensiones. En mayo de 2014, dos meses antes de fallecer, el hombre pidió el abono de su plan de pensiones y recibió un ingreso en su cuenta de 184.934 euros. Lo recibió en una cuenta de titularidad conjunta con la acusada y solo unos días después la acusada efectuó dos traspasos por importe de 100.000 y de 15.526,75 euros a una cuenta de la que era titular en exclusiva.

El hombre falleció el 2 de julio de 2014 sin otorgar testamento, por lo que sus dos hijas fueron nombradas únicas herederas y reclamaron a la acusada la devolución del dinero. Ante su negativa, basada en que sostenía que tal dinero le había sido donado por su pareja, las dos hijas de este demandaron en vía judicial a la acusada, lo que dio lugar a que un juzgado de Oviedo dictara el 18 de abril de 2016 sentencia estimatoria de la demanda por la que declaró, entre otros extremos, que el depósito de 184.934,69 euros era de titularidad exclusiva del hombre y condenaba a la acusada a devolver a las demandantes 110.796,85 euros, pues a la citada cantidad de 115.526,75 compensó los gastos de sepelio que ella había abonado.

La sentencia fue recurrida en apelación por la acusada, recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Oviedo en sentencia de 28 de julio de ese mismo año. Las demandadas promovieron la ejecución del fallo y, tras la oportuna averiguación patrimonial, se acordó el embargo de los bienes de la acusada. No obstante, no se encontraron bienes bastantes con que satisfacer la deuda, y en lo que se refiere a los 115.526,75 euros que había traspasado a sus cuentas, desde entonces y hasta al menos enero de 2019, dispuso de todo el dinero.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a las hijas de su pareja con 110.796,85 euros, más los intereses legales correspondientes.