La Guardia Civil citará la próximas semana a declarar, como testigos, a todos los empleados y exempleados de la residencia de mayores DomusVi Jardines de Llíria, entre ellos la autora de las grabaciones que han provocado la investigación.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria, que ha asumido el caso, busca conocer si otros trabajadores estaban al corriente del supuesto trato negligente que habrían sufrido los internos y nadie lo denunció por temor a represalias laborales.

La contraposición de esos testimonios, junto con el análisis de las inspecciones rutinarias realizadas en esta residencia dentro del programa de revisión habitual de los centros de mayores, constituirán el eje sobre el que pivotará la investigación de la Guardia Civil par aclarar si, como aparentan esas grabaciones, los residentes han estado sufriendo un trato vejatorio.

Las imagénes, tal como ha venido publicando Levante-EMV, fueron grabadas a lo largo de distintos días por una empleada del servicio de limpieza, con contrato a media jornada, que trabajó en ese centro de mayores desde abril, en pleno confinamiento, hasta agosto, cuando la sociedad que gestiona ese geriátrico prescindió de sus servicios.

Las imágenes, adelantadas por Informativos Telecinco y de una dureza crudísima, recogen a ancianos solos, atados, comiendo sin supervisión, residentes heridos, con brechas en la cabeza e, incluso, a uno que permanece tirado en el suelo tras una caída sin que nadie del personal del centro acuda en su auxilio.

En otros fragmentos del vídeo aparece un anciano que tiene llagas posturales de permanecer mucho tiempo en la misma posición, sentado y atado a la silla, o la de una mujer con una enfermedad mental que también permanece atada a la silla pero desnuda.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra ya propuso para sanción, por importe de 174.000 euros, a esa residencia por irregularidades detectadas durante al menos una de las cuatro inspecciones a las que fue sometida durante 2019.

Los servicios de Inspección de Políticas Inclusivas observaron que algunos usuarios "no estaban vestidos o que estaban en posturas corporales inadecuadas", lo que les llevó a proponer una sanción específica de 80.000 euros al entender que se trataba de un trato indigno a los residentes, aunque no dieron cuenta a la Fiscalía al entender que no constituía delito.

A esa propuesta se suma una segunda por deficiencias en las instalaciones y cuestiones de tipo sanitario, que elevan a 174.000 euros la multa recogida en el expediente disciplinario abierto por la conselleria tras un informe de la Inspección de junio pasado.

Nada más difundirse las imágenes, numerosas familias han acudido al centro, dispuestas a llevarse a sus mayores. El viernes, durante una concentración de protesta de familiares ante el geriátrico, un interno se escapó con el 'sofisticado' método de llamar al timbre, poniendo en duda las medidas de seguridad del centro.