La llaman la "gran dama" del derecho concursal y ha sido administradora de la quiebra de firmas tan conocidas como el Grupo Marsans, la inmobiliaria Martinsa-Fadesa y Urazca. Hace diez años era la que le controlaba el patrimonio embargado al empresario Gerardo Díaz Ferrán, copropietario de Marsans y expresidente de la patronal CEOE. Pero las tornas han cambiado y esta abogada valenciana con familia y despacho en Avilés -concretamente en la calle La Cámara- acaba de ingresar en la prisión de Asturias después de que le hayan denegado el indulto. En 2017 fue condenada por estafar 4,67 millones de euros a la firma valenciana de la que era socia, Broseta Abogados. De nada le sirvieron los recursos ante el Tribunal Superior de Valencia y el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Valencia la condenó por estafar 4,6 millones al bufete en el que trabajaba con los honorarios de los concursos de Martinsa-Fadesa (La Coruña) y Urazca (Bilbao). La Audiencia también le impuso en concepto de responsabilidad civil el pago de dicha cantidad, 4,67 millones de euros. A finales de 2018, el Supremo confirmó la condena.
La Audiencia Provincial consideró acreditado que, cuando fue nombrada administradora en los concursos de estas dos mercantiles, ordenó al despacho Broseta Abogados que le facturasen "unas cantidades inferiores a las que ella había percibido por honorarios, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas".
Por el concurso de Martinsa-Fadesa cobró 7.862.528 euros y ordenó que el despacho le facturase 3.324.891 euros; y en el de Urazca percibió 1.458.209 euros, y dispuso que le facturasen 589.778, según los hechos probados.
Magdaleno se presentaba a los concursos a través de una sociedad propia, y una vez obtenidos los honorarios debía ingresar en el despacho el importe íntegro, una operativa acordada entre ambas partes. Según la sentencia, llegados los concursos de estas constructoras, y en medio del desacuerdo entre socia y despacho sobre sus retribuciones, la abogada "comenzó a dar órdenes al despacho para que le facturaran unas cantidades inferiores a las que ella había percibido".
Magdaleno dejó Broseta en 2011 y la firma denunció a la abogada por la vía penal, y no civil, con lo que además de la responsabilidad y la multa, se produjo la condena de prisión. Por su parte, Magdaleno, trató de forzar la clausura del despacho de Broseta por el incumplimiento de la obligación de adaptarse a los requisitos de la ley de Sociedades Profesionales.
En los últimos años se mantuvo en activo, aunque tras la sentencia se desvinculó del despacho que había creado y donde contaba con varias socias. A principios de 2019 se reincorporó a la actividad, fichando como colaboradora externa en otro bufete valenciano para temas de Mercantil.
Al mismo tiempo, puso en marcha la petición de indulto, que no tenía malas perspectivas, al haber pagado la responsabilidad civil, carecer de antecedentes y tener el visto bueno del su exsocio, Manuel Broseta. Sin embargo, el Gobierno denegó el indulto.
