Una vecina de Grado se enfrenta a una petición de 10 meses de cárcel y el pago de algo más de 1.300 euros por un incendio que se descontroló en una finca de su propiedad. Pese a que la mujer pidió autorización para la quema, avisó cuando el fuego comenzó a desbordarla y se hizo responsable de lo sucedido en todo momento, la Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de la acusas por una imprudencia durante esa quema. La vista oral está señalada mañana, 29 de septiembre de 2020, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 10,30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las las 14,01 horas del día 20 de febrero de 2019, la acusada, que contaba con autorización administrativa, estaba quemando restos de corta para limpiar la parcela de su propiedad, en Grado, haciéndolo sin respetar la distancia en la que deberían estar los montones respecto de la frondosa (12 metros) y sin haber creado a su alrededor un perímetro sin combustible que permitiera mantener las llamas confinadas.
Por ello, el fuego se descontroló y se propagó en 800 m2 sobre la vegetación viva del monte circundante, afectando a dos parcelas particulares, en una superficie de 0,18 ha, con especies predominantes de matorral de tojo, helecho y arbolado de abedul y castaño. Las llamas fueron extinguidas a las 16,59 horas de ese mismo día. Los gastos de extinción ascendieron a 1.143,54 euros. Los daños medioambientales fueron sido valorados en 30,34 euros.
La zona incendiada tiene la consideración de monte y la acusada alertó del descontrol del fuego y se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los medios de extinción.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito incendio forestal, causado por imprudencia grave. Y solicita que se condene a la acusada a 10 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 10 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al Principado de Asturias con 1.143,54 euros por los gastos de extinción y con 30,34 euros por los perjuicios medioambientales originados, a los propietarios de las parcelas perjudicadas, con la cantidad que se considere en ejecución de sentencia por los daños causados, todo ello más los intereses legales correspondientes.
