Ricardo G. J., de 22 años, el primo del "preso resucitado", Gonzalo Montoya -que revivió cuando estaba en la morgue tras ser dado por muerto en la prisión de Asturias-, se enfrenta a penas que suman diez años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual a una joven menor de 16 años, a la que habría inducido de forma continuada a abandonar el domicilio. Y es que el joven se fugó hasta en cuatro ocasiones con una menor ovetense, con la que mantuvo relaciones sexuales, eso sí, consentidas. En el juicio, que se iniciará mañana martes en la sección segunda de la Audiencia, también está acusada la madre del joven, A. J. J., por haber permitido que ambos permaneciesen en su casa de León durante doce días, a pesar de saber que la chica era menor y se había denunciado su fuga. La Fiscalía pide para ella una condena de nueve meses de cárcel.
Según el escrito del ministerio público, el joven inició una relación con la menor, residente en La Corredoria, en julio de 2018, cuando él tenía 20 años y ella 14. El joven propuso varias veces a la niña que se fuese de casa. En un primer episodio, la niña se marchó dos días. La segunda vez, ya fueron cuatro, durante los que la pareja estuvo en Avilés.
El septiembre de 2018, la niña volvió a fugarse y esta vez estuvo en paradero desconocido durante doce días. La Policía Nacional tomó cartas en el asunto, tras una denuncia de los padres de la menor, y finalmente la localizaron en casa de la madre del joven, en León. A finales de marzo de 2019, la niña volvió marcharse con el acusado cinco días, hasta que fue localizada por la Guardia Civil en Llanes.
Todas las fugas, indica la Fiscalía, fueron voluntarias. Y es que la menor consideraba a Ricardo G. J. como "su novio". Al menos en una ocasión mantuvieron relaciones sexuales completas. No obstante, aunque fueron consentidas, la niña tenía menos de 16 años, la edad legal de consentimiento, y se entiende que carecía de la madurez suficiente. Este tipo de delitos se castiga con penas de entre dos y doce años de prisión.
La Fiscalía también pide que se le prohiba acercarse a la menor o comunicarse con ella durante doce años, libertad vigilada durante seis años con la obligación de participar en programas de educación sexual y el pago de 9.000 euros de indemnización por daños morales. En un caso similar, hace unos días en la sección tercera de la Audiencia, un brasileño residente en Gijón aceptó un año de prisión. La fiscal entendía que la menor tenía cierta madurez.
