María Jesús Moreno, más conocida como Maje, y su examante, Salvador Rodrigo, cumplirán una pena de 22 y 17 años de cárcel tras ser considerados autores del asesinato del marido de ella, el ingeniero noveldense Antonio Navarro Cerdán, cometido en la mañana del 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix. El magistrado Gómez Villora ha impuesto a la viuda, una enfermera vecina de Novelda, la pena solicitada por el fiscal, estableciendo que ambos son autores de un delito de asesinato con alevosía.
En el caso de la condenada, el fallo aplica la circunstancia agravante de parentesco, mientras que en el del penado, autor material del crimen, aprecia la atenuante de colaboración con la justicia. Además, el magistrado que presidió el tribunal del jurado ha fijado una indemnización conjunta y solidaria de un total de 250.000 euros en favor de los familiares de la víctima.
La esperada sentencia impone a Maje los mismos 22 años que ya solicitaba para ella el fiscal como autora de un delito de asesinato con la agravante de parentesco. El fallo del magistrado, que llega dos semanas y media después de que el jurado considerase a ambos culpables de haber planificado juntos un crimen que ejecutó Salva, detalla que la viuda es autora.
En el caso del autor material, también enfermero, el juez recoge una de las dos circunstancias atenuantes que pedía la defensa: la de colaboración con la justicia. La defensa de Salva, ejercida por Julita Martínez, pedía la de confesión tardía –por ayudar a la Policía a localizar el cuchillo con el que asesinó a su víctima de seis cuchilladas y por cambiar voluntariamente su declaración incriminando a Maje en la planificación y ejecución del crimen– y la de reparación del daño, por haber pedido al director de su entidad bancaria que rescatase su plan de pensiones y lo consignase a la familia del fallecido.
El jurado consideró probados en su veredicto los hechos indirectos que refrendaban esas dos circunstancias, pero el magistrado ha considerado que solo una de ellas tiene entidad jurídica para transformar los hechos en atenuante, lo que, en la práctica, supone una rebaja de un año sobre la pena que inicialmente pedía el fiscal para Salva: 18 años. La defensa de Salva admitió para su cliente el delito de asesinato, pero pedía una condena de solo 7,5 años. Será el abogado de la viuda, el penalista Javier Boix, el único que recurra.
