Mientras una madre y su hijo permanecían ingresados en un hospital de Palma por un accidente doméstico, una pareja ocupó esta vivienda del Portitxol y sacaron los enseres a la calle para que se los llevaran los servicios de limpieza. La Policía Nacional ha detenido a estos jóvenes por un presunto delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes. La hermana e hija de los ingresados en el hospital llamó al 091 al percatarse de que la vivienda donde residen su madre y su hermano había sido ocupada ilegalmente. Los enseres, entre los que se encontraba documentos de los residentes, fueron sacados al exterior para que los recogieran los servicios de limpieza.

Una patrulla policial se desplazó rápidamente hasta este domicilio del barrio palmesano del Portitxol. Los agentes observaron que en el suelo de la calle todavía había enseres, papeles personales y documentación. Todo esto pertenecía a los legítimos moradores de la vivienda.

Los investigadores comprobaron que dicho piso es de titularidad de un organismo público dependiente del Govern. Desde hace más de treinta años, esta vivienda está alquilada a una mujer que convive allí con su hijo. A raíz de un accidente doméstico, ambos permanecían ingresados en un centro sanitario desde el pasado mes de marzo.

A continuación, los agentes detuvieron a estas dos personas por un presunto delito de allanamiento de morada. Acto seguido quedaron en libertad con cargos. La investigación continúa para esclarecer por completo lo ocurrido.

La actuación policial y el desalojo de los intrusos fue inmediato. A diferencia de otros casos parecidos, no se trataba de una usurpación de un bien inmueble sino de un allanamiento de morada. Por el hecho de permanecer unas semanas fuera de su domicilio en el hospital no habían perdido en ningún momento los derechos sobre la vivienda.

Esta contundente actuación policial obedece a que la vivienda era considerada morada. Las denominadas okupaciones se producen cuando el inmueble se encuentra vacío y no está habitado.

En los últimos meses, máxime desde que se iniciara la pandemia del coronavirus, la figura del conseguidor se ha popularizado. Esta persona proporciona viviendas desocupadas a otras a cambio de un dinero. Este intermediario cambia las cerraduras de estos pisos y cobra a los nuevos residentes por acceder al inmueble. En muchos casos, estas personas son conscientes de que han incurrido en un presunto delito de usurpación. La cantidad que abonan responde a costear la información del lugar donde se encuentra una vivienda vacía y para que les den un juego de llaves. Siempre que no constituya una morada, estos okupas pueden permanecer más tiempo y no se les puede desalojar de inmediato.

No obstante, en muchos casos el conseguidor actúa mediante engaños. El derecho que este dice tener sobre esta vivienda no existe. Suele reclamar también que le paguen alquiler y fianza por un inmueble que no es de su propiedad. La Policía Nacional recomienda no realizar nunca ningún pago si no se ha formalizado un contrato por escrito. En este acto se puede comprobar la documentación del arrendador. En caso de duda, también se recomienda consultar el Registro de la Propiedad o, simplemente, consultando a los vecinos para averiguar la situación real del inmueble.