“Yo tengo clarísimo que Déborah se sube al coche con alguien conocido. Es algo clarísimo. Seguramente con alguien con el que había quedado previamente. Luego hay una prueba pericial médica de nuestro forense que ante cualquier punto de vista es una muerte violenta. Eso es lo que nosotros tenemos clarísimo. A lo mejor resulta que no ha sido así pero quién tenía que haber llegado a esas conclusiones en su día no quiso investigar”. Esta secuencia de hechos es la defendida por el abogado Ignacio Amoedo, miembro del equipo legal de la familia de la joven viguesa hallada muerta hace casi 20 años en una cuneta de O Rosal. El quién, el cómo e incluso el porqué son cuestiones que esperaba resolver en la investigación, porque esto es lo único que procuran: analizar para llegar a una respuesta.
Para ello, el ya están señaladas para el próximo 30 de octubre una nueva ronda de declaraciones en los juzgados de Tui. A mayores, esperan respuesta para que se hagan nuevos análisis de pelos, cuerda o restos que se hallan encontrado durante la exhumación del cadáver a fin de compararlos con ADN de diferentes personas; en tal sentido, se propondrá el cotejo con más de 30 personas.
Estas declaraciones llegan a colación del “cansancio” acumulado tras meses de desestimaciones, falta de respuesta, cambios de declaraciones y un comienzo de instrucción, en 2002, muy lejos de lo esperado. “Aunque todavía restan por llegar los resultados del Instituto Toxicólogo de Madrid sobre los vestigios recogidos en el cuerpo de Déborah, lo que sí ya es una certeza es que la investigación inicial fue un desastre. Si ahora, 19 años después, aparece un pelo y una fibra piensas que en su día podían haberse encontrado muchas más cosas y te planteas por qué no hicieron muestras de debajo de las uñas. La investigación ha sido un auténtico desastre”, lamenta Amoedo.
Es más, el letrado reconoce que de haberse hecho correctamente las cosas en este procedimiento, es muy posible que hubiese un culpable. “Pienso que sí, tendríamos un culpable. Creo que no se hizo todo lo que se pudo; esto no es solo un caso que afecta a la familia Fernández-Cervera, sino un problema social. Hubo defectos de investigación, interrogatorios tardíos, otros que ni si quiera se han hecho...”, amplía el abogado.
Si bien no todo el retrotraerse al inicio de las pesquisas, Amoedo lanza una valoración sobre los casi dos años que lleva el caso reabierto tras más de una década de archivo. “Mi capacidad de sorpresa no tiene fin gracias a este caso. Aparece un disparate mayor que el anterior cuando crees que ya no puede pasar nada más. En mi vida me pude imaginar semejante declaración del Inspector, porque nos mintió a todos”, expresa. Sus palabras inciden en la declaración hace poco meses en sede judicial del que era entonces Inspector de Homicidios a cargo del caso de Déborah. “No me acuerdo, no lo recuerdo, yo era el chico de los recados... ¿Cómo se puede entender que el inspector jefe diga que no se acuerda absolutamente de nada? Fue una declaración lamentable y que yo, personalmente, no me creo. No me creo que un Inspector de Homicidios no recuerde lo que hizo y cómo trabajo en este caso en Vigo. ”, zanja.
Con la cuenta atrás de la prescripción cada vez más próxima –se cumplirían a los 20 años, en el 2022–, el equipo legal con Ignacio y Ramón Amoedo a la cabeza, sigue en la búsqueda de la verdad. “Nosotros lo vamos a pelear hasta el último minuto, hasta el último segundo de cumplirse los 20 años. Eso sin duda. Vamos a ir hasta el final. No sé si llegaremos a una imputación pero lo vamos a pelear hasta el final. Quien señala con el dedo acusador no somos nosotros”, asevera.
