Si fue o no un crimen machista la muerte de Katia en mayo del año pasado en Zaragoza; o si Rubén Calvo Ropero la cosió a puñaladas en el marco de un brote psicótico por la esquizofrenia que unos médicos diagnosticaron y otros la descartan ya está en manos del jurado popular. En ellos va a recaer que el acusado sea condenado a unas penas de entre 23 y 26 años de cárcel que solicitaron la Fiscalía y el Gobierno de Aragón o los 10 años que solicita la defensa. El lunes se les entregará el objeto de veredicto y ahí será el momento clave. Este jueves pudieron escuchar las primeras palabras de perdón por parte del encausado. Fueron en su alegato final. "Pido perdón a la familia de Katia, no fue voluntario, no fui consciente", afirmó mientras señalaba "que no tiene un duro" en relación a los más de 200.000 que le piden abonar en concepto de indemnización.

Previamente escuchó a la representante del ministerio público quien no dudó en asegurar que "por una infidelidad no se mata, por lo que se demuestra que es un machista". La fiscala considera que Rubén Calvo Ropero debe ser considerado autor de un delito de asesinato, otro de quebrantamiento de condena y que se le aplique la agravante de la violencia de género. Eso sí reconoce que se le puede aplicar una atenuante de trastorno mental, teniendo en cuenta el informe forense que, pese a descartar el brote psicótico, considera que actuó bajo psicosis tóxica. Esto implica en que sus facultades volitivas y cognoscitivas no fueron plenas cuando mató a Katia.

En su informe ante los miembros del tribunal constituido en la Audiencia Provincial de Zaragoza, la fiscala explicó que "no hay género de dudas" de que Rubén Calvo Ropero cometió "un asesinato y no un homicidio", porque "actuó con alevosía y ensañamiento". "Presentaba puñaladas en la espalda, por lo que no hay duda de que el primer ataque fue por la espalda, que Katia se giró y que ahí, en una diminuta habitación, siguió acuchillándola por delante, tratando ella de defenderse con sus propios brazos y manos; que también presentan numerosos cortes", describió.

Sobre la cuestión mental incidió en que no sufrió ningún tipo de brote psicótico, "es decir, no se volvió loco" y se apoyó en las explicaciones que dieron los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa), quienes recalcaron que un brote de esquizofrenia "no se acaba en 10 minutos, tal y como pasó, ya que luego verbalizó expresiones contra la víctima o sobre su futuro en la cárcel que no era de estar loco".

En la misma línea se expresó el abogado del Gobierno de Aragón, José Luis Gay, que ejerce la acción popular, si bien este consideró que no tuvo ninguna merma y que no se le debe aplicar atenuante alguno. "Estuvo sentado con el móvil y hablando con la Policía, se volvió a meter dentro y profirió díganle a mi padre que lo quiero. Un brote psicótico no desaparece en diez minutos. Era plenamente consciente de lo que hizo", añadió.

La defensa, ejercida por la letrada Carmen Sánchez Herrero, insistió en que "tiene una merma en la capacidad volitiva" y culpó al sistema de fallar ese día. Tanto por la orden de alejamiento que no cumplió y por también, según ha dicho, no ser atendido de su enfermedad mental como debía. "Katia podría estar viva porque hubo dos quebrantamientos previos y ni se le puso un brazalete geolocalizador ni un policía que la protegiera y con respecto a Rubén, teniendo diagnosticada una esquizofrenia paranoide en la sanidad pública, nadie decidió ingresarlo para tratar su enfermedad mental", insistió.

Sobre la responsabilidad civil que le solicitan, unos 200.000 euros para la familia de la víctima, Sánchez Herrero incidió en que "nadie ha presentado un certificado de que el hijo de Katia es suyo" y lanzó la pregunta: "¿Por qué hay que indemnizar a la madre de la víctima y no a su padre?".